LAB ha calificado de "decepcionante" la reunión mantenida este miércoles entre el Comité de Empresa de Tubos Reunidos y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, en la que --según ha denunciado-- el Ejecutivo no ha aportado "ninguna respuesta" a las cuestiones "clave" sobre el futuro de las fábricas de esta compañía en Laudio-Llodio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).
El sindicato ha manifestado, a través de un comunicado, que en el encuentro mantenido en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, el Departamento de Trabajo "lejos de aportar certezas, ha vuelto a evidenciar la falta de transparencia" en torno a la situación de la empresa, que ha presentado un ERE que implica la destrucción de 285 empleos.
LAB ha criticado el "preocupante papel" que están desempeñando las instituciones y ha explicado que, en la reunión con el Ejecutivo, ha trasladado que "la sensación existente en la plantilla es que, en lugar de exigir responsabilidades a la empresa, la presión se está situando sobre las y los trabajadores, el comité y determinados sindicatos".
"Se habla de responsabilidad, de evitar el conflicto o de no judicializar el proceso, pero no estamos viendo el mismo nivel de exigencia hacia la dirección de la empresa, que es quien ha puesto sobre la mesa un plan basado en despidos, cierre de la acería y externalización de la logística", ha censurado.
En este sentido, ha manifestado que "no se puede dar por válido el planteamiento de la empresa como si fuera inevitable". "Que exista una situación económica compleja no significa que cualquier medida esté justificada y mucho menos decisiones irreversibles que afectan de lleno al empleo y al futuro industrial", ha añadido.
Según ha lamentado, la empresa "sigue manteniendo intacto su plan, sin haber abierto en ningún momento una negociación real sobre alternativas, ni haber ofrecido explicaciones suficientes que permitan entender por qué esas medidas son las únicas posibles".
Durante la reunión, LAB ha exigido "transparencia" sobre "cuestiones clave que siguen sin respuesta", como la negociación con la SEPI, la situación "real" de la refinanciación de la deuda, o la posible existencia de inversores. "Son elementos fundamentales para comprender el escenario actual, pero a día de hoy siguen envueltos en opacidad", ha reprochado.
"LA HUELGA NO ES EL PROBLEMA"
Además, ha advertido de que "no es aceptable que se pida responsabilidad a la parte social, mientras no se comparte información básica para poder realizar un análisis riguroso de la situación". Asimismo, subrayado que la huelga indefinida que mantiene la plantilla "no es el problema, sino la consecuencia directa de las decisiones adoptadas por la empresa".
En este sentido, ha manifestado que "el conflicto no surge de la nada, sino de un planteamiento que la plantilla ha rechazado de forma clara". "La pregunta no es por qué hay huelga, sino qué alternativas reales se están poniendo sobre la mesa para resolver el conflicto", ha indicado.
En esta línea, ha censurado que sigan sin plantearse "alternativas" para el futuro de la compañía y ha denunciado "la falta de implicación de otras instituciones". De esa forma, ha señalado que tras más de dos semanas desde que se solicitaron reuniones, el Departamento de Industria y la Diputación Foral de Álava han convocado finalmente un encuentro para el 16 de abril.
REACCIÓN "TARDÍA"
No obstante, el sindicato considera que la respuesta "ha sido tardía en relación con la gravedad del conflicto". Tras reiterar que no se niega a abordar la situación de la empresa ni a buscar soluciones, ha advertido de que no va a aceptar "que la única salida pase por la destrucción de empleo, el desmantelamiento de la acería y la externalización de áreas estratégicas".
"La responsabilidad no es aceptar sin más el planteamiento de la empresa, sino defender el empleo, el futuro industrial y el del conjunto del territorio", ha subrayado.
Por todo ello, ha exigido a las instituciones que "dejen de situar la presión en la plantilla y que asuman el papel que les corresponde: exigir a la empresa la retirada de las medidas, garantizar la transparencia del proceso y promover una negociación real, sin chantajes ni imposiciones". "Lo que está en juego no es solo un conflicto laboral, sino el futuro de cientos de familias y de toda una comarca", ha concluido.
