Personada también en la causa judicial la familia de la única superviviente de la pasarela de El Bocal de Santander.

La familia de la única superviviente del colapso de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, ha decidido personarse en la causa judicial abierta tras la tragedia, sumándose así a los familiares de tres de los seis jóvenes fallecidos que ya habían dado este paso.

Según han confirmado fuentes judiciales, ahora también se han incorporado allegados de Ainara R.V., de 19 años y vecina de Elvillar (Álava), quien resultó herida grave y permaneció ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Traumatología del Hospital Valdecilla.

Con este movimiento, ya son cuatro de las siete familias afectadas por los hechos ocurridos el 3 de marzo las que forman parte del procedimiento, junto al Ayuntamiento y la que, por el momento, es la única investigada. Se trata de una agente de la Policía Local que atendió una llamada de alerta del 112 el día previo al suceso y que, presuntamente, no gestionó la incidencia. Está citada a declarar el 27 de marzo.

En cuanto al Consistorio, su personación se produce en calidad de interesado, aunque bajo la advertencia judicial de su posible condición como responsable civil, tal y como señaló la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, encargada de dirigir la investigación.

Por otro lado, la operadora del 112 que recibió la llamada de aviso sobre el mal estado de la pasarela también deberá comparecer ante la jueza ese mismo día, acompañada de un abogado, ante la posibilidad de que su situación procesal cambie tras su declaración.

Mientras tanto, el organismo de Costas ya ha remitido la documentación requerida y permanece a la espera de que la Abogacía del Estado determine si el Ministerio para la Transición Ecológica debe personarse en la causa.

Investigación abierta

La ciudad de Santander continúa conmocionada por el colapso de la pasarela costera de El Bocal, ocurrido el pasado 3 de marzo, que dejó un balance de seis jóvenes fallecidos y una única superviviente, una joven alavesa de 19 años que resultó herida grave. El suceso ha derivado en una investigación judicial para esclarecer posibles responsabilidades.

El caso está siendo instruido por un juzgado de Santander, que ha abierto diligencias para esclarecer si existió negligencia en el mantenimiento de la pasarela o en la gestión de los avisos previos al siniestro. En el procedimiento ya se han personado varias familias de las víctimas, mientras que el Ayuntamiento de Santander figura como posible responsable civil.

En el marco de la investigación, una agente de la Policía Local ha sido señalada como investigada por su actuación tras una alerta recibida el día anterior al colapso. Asimismo, también deberá prestar declaración una operadora del servicio de emergencias 112. Ambas comparecerán ante la autoridad judicial el próximo 27 de marzo.

Aviso sin intervención

Uno de los ejes clave de la investigación es la cronología de los avisos relacionados con el estado de la infraestructura. Según las primeras indagaciones, en los días previos al accidente varios vecinos habrían advertido del deterioro estructural de la pasarela. El 2 de marzo, un ciudadano realizó una llamada al 112 alertando del mal estado de la instalación.

Dicha incidencia fue trasladada a la Policía Local, aunque, según se investiga, no se activó ninguna intervención inmediata ni se procedió al cierre preventivo del paso. Apenas un día después, el 3 de marzo, se produjo el colapso de la pasarela, sin que conste que estuviera clausurada o señalizada como peligrosa.

Además, la investigación trata de determinar si existían informes técnicos previos, si se habían llevado a cabo labores de mantenimiento recientes o si la estructura había sido objeto de reparaciones insuficientes, aspectos que podrían resultar determinantes para depurar responsabilidades.

Desde el Ayuntamiento de Santander, la alcaldesa ha asegurado que el consistorio está colaborando “con total transparencia” con la justicia, al tiempo que ha pedido prudencia hasta conocer las conclusiones técnicas. Por su parte, representantes del Gobierno de Cantabria han señalado la necesidad de revisar el estado de todas las infraestructuras costeras, y no han descartado depurar responsabilidades si se confirma algún fallo en la cadena de gestión.

Desde el ámbito estatal, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, competente en materia de costas, han indicado que están analizando la documentación remitida y valoran su posible personación en la causa a través de la Abogacía del Estado.

La tragedia ha abierto un intenso debate sobre el estado de conservación de las infraestructuras públicas, la coordinación entre administraciones y la respuesta ante alertas ciudadanas.