Las Juntas de Álava aprueban la adaptación de la normativa tributaria a las modificaciones del Concierto Económico
Acuerdan también modificar la norma foral para establecer un impuesto a las multinacionales
El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 3/2025, de 29 de abril, relativas al Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
La Cámara alavesa ha dado también el visto bueno a la modificación de la Norma Foral 16/2025, de 12 de diciembre, que establece un impuesto complementario, para garantizar un nivel mínimo de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.
Los grupos junteros de PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin han votado a favor de las adaptaciones tributaria, mientras que Vox ha sido la única formación en votar en contra, en el pleno celebrado este miércoles en Vitoria-Gasteiz.
La diputada foral de Hacienda y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha sido la encargada de desgranar las modificaciones tributarias que actualizan la cifra umbral del volumen de operaciones del Impuesto sobre Sociedades que pasa de 10 a 12 millones de euros, a efectos de "delimitar, en función del domicilio fiscal, la normativa aplicable y las competencias para la extensión y la inspección".
Respecto al IVA, también se actualiza este volumen de operaciones a la cifra umbral del volumen de operaciones, pasando de 10 a 12 millones de euros a efectos de delimitar la competencia para la exacción, liquidación e inspección del impuesto.
"La elevación de 10 a 12 millones de euros al año del umbral del volumen de operaciones en estos tributos garantiza que los contribuyentes de menor dimensión tributen exclusivamente y se relacionen solamente con la administración tributaria de su domicilio fiscal, ampliándose el número de contribuyentes que tributan en exclusiva en las haciendas forales, además de facilitarles contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", ha subrayado.
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Gonzalo ha explicado que "pasa de ser un impuesto concertado, que se rige por las mismas normas establecidas en cada momento por el Estado, a configurarse como un impuesto concertado de normativa autónoma en todos los supuestos", de manera que "se extiende la capacidad normativa autónoma a todas las personas no residentes".
Por otra parte, la modificación de la Norma Foral 16/2025, de 12 de diciembre, establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo impositivo para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.
Gonzalo ha señalado que estas modificaciones, de naturaleza fundamentalmente técnica, son necesarias para "garantizar la plena concordancia de la norma foral a las reglas y normas adoptadas a nivel internacional", así como para "ajustar los preceptos a las correcciones de errores de que ha sido objeto esta directiva".
AUMENTO DE COMPETENCIAS
El juntero de EH Bildu Xabier Ullibarri ha valorado positivamente las modificaciones tributarias, ya que "aumentan nuestras competencias fiscales, mejoran el Concierto Económicoy también la recaudación" de la Hacienda alavesa.
El portavoz del PSE, Josu López Ubierna, le ha dado "mucha importancia" a la aprobación de este decreto normativo de urgencia fiscal, porque "refrenda el Concierto Económico". "Es mejor las reglas y los acuerdos que la ley del más fuerte, ya que en este caso, en el ámbito comercial, las grandes multinacionales, no pueden ser más que un Parlamento elegido democráticamente", ha argumentado.
Aunque el procurador del PP Miguel Garnica se ha mostrado a favor de "no subir impuestos" y de "ayudar a las empresas y a las familias", ha secundado la votación al tratarse de "unas normas aprobadas" y del Concierto Económico vasco y "el bienestar del Territorio".
El juntero de Vox Jonathan Romero es el único que votado en contra de la adaptación tributaria, puesto que se trata de "una decisión equivocada castigar con más impuestos" a las empresas, ya que "termina teniendo consecuencias muy reales sobre el empleo y sobre la estabilidad social", en un momento en el que "la carga fiscal que soportan empresas y trabajadores ya es muy elevada".
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