Y es que, en opinión del colectivo de pensionista ayalés, estas personas ya tienen un sueldo digno y una jubilación digna con 60 años. “¿Cuántos jóvenes firmarían un contrato por 1.100 euros? ¿Cuántos trabajadores de la construcción, conductores de camiones, obreros de acerías, etcétera. quisieran jubilarse a los 60 años con una pensión como la de ellas?”, se preguntan; al tiempo que añaden que “durante el proceso incumplen las normas y leyes que, en teoría, deberían defender. Se manifiestan ante el Parlamento y cortan el tranvía, pero no pasa nada. No reciben porrazos ni se les aplica la ley mordaza ni se les imponen cuantiosas multas ni tienen que ir al juzgado por sus acciones, al contrario que el resto de trabajadores. Como por ejemplo los de Tubacex, que estaban reclamando poder mantener su puesto de trabajo a diferencia de los que piden 1.100 euros de subida mensual”, denuncian, quienes quisieran conocer las responsabilidades políticas de todo esto ya que “desde nuestro punto de vista nos parece muy grave”.

No en vano, argumentan que hay muchos colectivos que también llevan bastantes años sin actualizar su convenio. “No es justo para ninguno de ellos y para los funcionarios tampoco. Pero esa forma de solicitar un convenio, tan prepotente y amenazante no es de recibo, las formas les hacen perder toda credibilidad. Como el resto tienen una representación sindical, que es quien tiene la función de negociar el convenio”, señalan; para, a renglón seguido añadir que, “pedir es libre, pero señores de Gobierno Vasco ¿qué monstruo han creado? Llevan años justificando y tapando todos los abusos que hacen, les han dado la razón en todo. Les oímos y vemos como justifican todas sus actuaciones y a la vez vemos imágenes de sus cargas indiscriminadas contra la ciudadanía”, esgrimen.

Y es que el colectivo veterano opina que, con intención de parar sus reclamaciones, el Gobierno vasco ha sacado 18 millones de euros para ofrecérselos “sin tener en cuenta que hay muchas personas trabajadoras, y sobre todo pensionistas y mujeres, que no llegan a cobrar 1.000 euros al mes. Algunas menos de 500 euros (principalmente viudas) y se tienen que apuntar a la RGI para poder sobrevivir. Además, una RGI recortada tras la última reforma”, matizan. Ellos mismos llevan ya cinco años concentrándose en las plazas de todos los pueblos solicitando, entre otras cosas, una pensión mínima de 1.080 euros. “El Gobierno Vasco no nos ha hecho ningún caso. Es más, nos ha ninguneado totalmente desde el primer día alegando que no es competencia suya y que no hay dinero. Lo que no hay es voluntad política”, subrayan, quienes recuerdan que su reivindicación “mejoraría las condiciones de vida de unas 85.000 personas de la Comunidad Autónoma Vasca y si se hiciese también en la Comunidad Foral Navarra a más de 28.000, por ello seguiremos reivindicando la pensión mínima de 1.080 euros y no pararemos hasta conseguirla. Los y las ertzainas han rechazado la oferta del Gobierno Vasco, pues bien, nosotros y nosotras les pedimos que empleen esos 18 millones de euros en la gente que verdaderamente los necesita”, apostillan.