Los funcionarios de la Administración de Justicia, que suman alrededor de 350 profesionales en Álava, han iniciado este lunes una huelga indefinida tras más de un mes de protestas y paros parciales para reivindicar distintas mejoras en sus condiciones de trabajo.
La primera jornada de la huelga ha tenido un importante seguimiento en el Palacio de Justicia de Gasteiz, donde decenas de procesos han vuelto a verse afectados tras el rosario de movilizaciones que viene marcando el día a día de este sector durante todo el año.
Baile de cifras
Según el recuento aportado a este periódico por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, 141 de los 312 funcionarios que hoy tenían que acudir a trabajar en los juzgados de Vitoria no han fichado en el turno de mañana, lo que supone un 45,1% del total de la plantilla.
El seguimiento ha sido sin embargo bastante mayor según la Junta de Personal del colectivo, de "más del 85%" respetando los servicios mínimos.
“Con cientos de juicios suspendidos (hoy en Álava, se han celebrado solo juicios de lo Social) y actuaciones judiciales paralizadas, millones de ciudadanos y ciudadanas, en toda España, ven que sus asuntos en los juzgados van a sufrir más demoras y aplazamientos por la huelga indefinida”, ha subrayado en declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el presidente de la Junta de Personal, Segundo Álvarez.
"Cerrado el conflicto con los jueces y fiscales, al Ministerio ya no le quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica"
El representante del sindicato CSIF, mayoritario en la justicia, ha enfatizado también que “cerrado el conflicto con los jueces y fiscales, al Ministerio (de Justicia) ya no le quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que permita avanzar en una salida negociada al conflicto".
Al margen de esta exigencia, los sindicatos ELA y LAB reclaman al mismo tiempo al Gobierno Vasco una equiparación retributiva en materia de jubilaciones con el resto de funcionarios de la Administración vasca, así como un complemento para el personal adscrito a los juzgados de violencia de género.
