Las Juntas Generales de Álava propusieron ayer revisar las ordenanzas fiscales de gestión del ciclo del agua para establecer un sistema progresivo de tarificación que contemple el consumo en función del número de habitantes de cada vivienda, con el objetivo de evitar sobrecostes “injustos” a las familias y avanzar en la fiscalidad verde.

PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin acordaron una enmienda transaccional a una moción original presentada por la coalición morada en el Pleno celebrado en la Cámara foral.

Asimismo, las Juntas instaron a la Diputación a prestar a las entidades gestoras del agua que lo soliciten las ayudas técnicas y jurídicas necesarias para la revisión de sus ordenanzas de agua, con el fin de adecuarlas a este nuevo sistema de tarificación.

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, destacó el consenso alcanzado en el pleno con el propósito de “evitar sobrecostes injustos en las familias e incentivar un consumo responsable del agua”. Rodríguez expuso que “no es justo” el actual sistema que tarifica por el volumen de agua consumida, “sin tener en cuenta” el número de miembros de cada unidad familiar, y valoró el impulso de tarifas “equitativas y sostenibles”.

La juntera del PNV Zuriñe Rodríguez preponderó el acuerdo alcanzado en el Día del Agua, que se conmemoró justo ayer, y se mostró favorable a que “todos los entes gestores” del territorio alavés “hagan un estudio para valorar la viabilidad” de aplicar esta nueva tarificación.

El portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, dijo que “es adecuado establecer un sistema progresivo que tenga en cuenta el número de personas del hogar”, con el objetivo de “fomentar un consumo responsable del agua”.

Josu López Ubierna (PSE) abogó por avanzar en “un sistema más sostenible y equitativo del ciclo del agua”, aunque mostró sus dudas sobre bonificar en función del número de miembros de cada hogar, ya que no tiene en cuenta las características de los habitantes.

Entretanto, el juntero del Partido Popular Borja Monje preponderó una iniciativa que permite “hacer frente al alza de los precios” de la energía, “evita sobrecostes injustos a las familias” y plantea “abaratar los costes de algo tan esencial y básico como es el agua”. – E.P.