Álava contó en el año 2022 y mejorará en 2023 con la ayuda del Gobierno Vasco para cofinanciar la atención sociosanitaria con las mayores cifras que se han logrado por parte de la Diputación en la negociación con Lakua.
El diputado de Política Social, Emilio Sola, ha comparecido en el Pleno de Juntas Generales para explicar el convenio de colaboración entre las dos administraciones destinado a la atención sociosanitaria para el conjunto de cuidados destinados a personas que por causa de graves problemas de salud o limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social simultánea, coordinada y estable.
Coordinación
Sola explicó que se llevan 27 años de trabajos coordinados entre las dos administraciones y el nuevo convenio viene a dar continuidad a la atención sociosanitaria en Álava. En ese sentido destacó que hasta el año 2021 había tres convenios sobre esta materia con una dotación de ayuda de 3.876.209,75 euros y lo que se ha consensuado para 2022 es una ayuda de 4.431.000 euros y para 2023 de 4.600.000, lo que supone un aumento del 18,6 % de un año a otro.
Dependientes
A estas ayudas acceden las personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad; las que padecen problemas de salud mental, en particular enfermedad mental grave y cronificada y personas con problemas de drogodependencia; las personas con enfermedades somáticas crónicas y/o invalidantes; las convalecientes de enfermedades que, aun habiendo sido dadas de alta hospitalaria, todavía no disponen de autonomía suficiente para el autocuidado y personas con enfermedades terminales, y las personas pertenecientes a otros colectivos en riesgo de exclusión, en particular las personas menores de edad en situación o riesgo de desprotección o con problemas de comportamiento, las mujeres víctimas de violencia de género, o la población inmigrante con necesidad de atención sanitaria y social.
El convenio atiende a las personas menores de edad en situación o riesgo de desprotección o con problemas de comportamiento, las mujeres víctimas de violencia de género, o la población inmigrante con necesidad de atención sanitaria y social
Aunque desde Populares se criticó que el Gobierno Vasco debería implicarse en la totalidad del gasto y se acusó a la Diputación de opacidad en la información y desde Elkarrekin y EH Bildu también se trasladaron discrepancias, la iniciativa se aprobó con 26 votos de los 46 presentes en la cámara.
Nuevos coeficientes del IVT
Previamente a este tema, el Pleno había aprobado la tramitación urgente y la norma foral de los nuevos coeficientes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Presentada la iniciativa por la responsable de la Hacienda Foral, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal tenía por objeto modificar la tabla de coeficientes máximos a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo desde el 1 de enero de 2023, facilitando esa tarea a los ayuntamientos.
Hasta el 30 de junio
En ese sentido, la Norma Foral fija que las entidades locales dispondrán hasta el 30 de junio de 2023 para modificar las Ordenanzas Fiscales que sean necesarias al objeto de adaptar su normativa a lo previsto en este Decreto Normativo de Urgencia Fiscal.
La nueva tabla fue criticada por la oposición al considerar que contiene incrementos de hasta el 50 por ciento en algunos tramos, unos porcentajes muy superiores a los que se aplican, por ejemplo, en Bilbao, lo que pone en duda los mensajes de los gobiernos de tratar de buscar la armonización fiscal para ayudar a los ciudadanos en estos momentos de crisis económica. Por ello se calificó de inoportuno e inadecuado. De todas formas se aprobó con 30 votos a favor de los 48 junteros presentes en el Pleno.
