- El diputado foral de Agricultura afirmó ayer ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales de Álava que todos los expedientes de caza se tramitan correctamente y con criterios profesionales e hizo un llamamiento a quienes en la cámara juntera lo dudan sistemáticamente. Aguinaco tuvo que dirigirse a esas personas inquiriendo si “han preguntado a los funcionarios cómo les afecta la permanente sombra de la sospecha” que les achacan.

Eduardo Aguinaco compareció ayer para dar cuenta del caso del jefe del Servicio de Montes juzgado por falsedad de documento oficial en un expediente de caza y confirmar que la pena establecida por el tribunal consiste en una multa de doce meses, con una cuota diaria de 15 euros, y un año de suspensión para el ejercicio de cargo o empleo público en funciones relacionadas con la tramitación y resolución de expedientes sancionadores. Asimismo, Aguinaco recordó que la acusación popular solicitaba una petición de prisión de hasta 4 años y medio, inhabilitación para empleo público en cualquier administración, y el pago de una multa de 30.000 euros.

El diputado explicó que los hechos probados reflejan que la intervención del funcionario en la tramitación de los expedientes se llevó a cabo en funciones de jefe de la sección de Caza y Pesca, sin persona titular en ese momento a causa de la jubilación del último jefe de dicha sección.

Añadió que la sentencia concluye que en la propuesta de resolución del expediente 451/17, faltando a la diligencia debida, se omitieron datos esenciales, y esto pudo condicionar la resolución final de no incoación de expediente sancionador.

Denunciado el caso por un guarda forestal, “la persona acusada reconoce los hechos de un delito y admite la culpa para que finalice el proceso. Renuncia al derecho de presunción de inocencia y a la posibilidad de recurrir la sentencia y el juez estará obligado a aceptar la conformidad”.

Por todo ello, Aguinaco dijo que “se está analizando por parte de los servicios jurídicos forales, el alcance de la suspensión para el ejercicio de cargo o empleo público del funcionario afectado, así como si procede la revisión de los expedientes sancionadores citados en la sentencia. La forma de ejecución de la sentencia y su motivación se comunicará tanto a la Audiencia como al interesado en el plazo más breve posible”.