EH Bildu denuncia el camino hacia la privatización de plazas públicas de residencias de mayores

Que la política de socialistas y jeltzales lleva a la privatización de plazas públicas de residencias de mayores. Y que esta decisión tendrá consecuencias "graves" en las arcas municipales de Gasteiz, que dejarán de ingresar más de un millón de euros.

Además, se eliminarán 139 plazas residenciales públicas para personas mayores, lo que en su opinión, es un "error" y una "irresponsabilidad".

Se refiere la coalición soberanista al acuerdo entre ambas instituciones, que supone un "nuevo retraso hasta 2024" en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Sociales, y que se materializa mediante el Decreto de Cartera, donde se establecen las competencias de cada una de las administraciones, explica la edil Rocío Vitero.

Según el nuevo acuerdo, las áreas de exclusión, servicio de ayuda a domicilio (SAD), servicio municipal de urgencia social y la residencia CIAM San Prudencio "sufrirán un nuevo retraso en la asunción de competencias que mermará la atención y el servicio que ofertan", censura Vitero.

Indica EH Bildu que la atención a personas en grave situación de exclusión, que a día de hoy alcanza las 300 personas atendidas, es una competencia foral, que la Diputación no atiende.

Lo mismo ocurre en el SMUS que, a pesar de ser responsabilidad foral, se nutre de presupuesto municipal y foral a partes iguales y es gestionado por el Ayuntamiento.

En lo que respecta al SAD, la gestión es competencia municipal, pero está dividida entre las dos instituciones siendo los casos leves (dependencia grados 0-1) atendidos desde el ámbito municipal y los graves (dependencia grados 2-3) desde el foral.

Por ello, este nuevo retraso supone prolongar una situación insostenible para las personas usuarias, por los criterios de pago y atención establecidos.

Además, se paralizan las valoraciones para grados 0 y 1 durante un año.

Asimismo, en opinión de EH Bildu, el acuerdo supone un perjuicio económico para el Ayuntamiento, que dejará de percibir más de un millón de euros de la Diputación por la residencia San Prudencio y el SAD.

A su vez, más de 250.000 euros del Gobierno Vasco por el incumplimiento del Decreto de Cartera.

Residencia San Prudencio

La coalición soberanista también ha criticado la eliminación de 139 plazas públicas de mayores en la residencia San Prudencio de Vitoria.

Según la procuradora Claudia Venceslao, tras el acuerdo, los usuarios pasarán a ser atendidos en Arabarren cuando finalicen las obras que aún no han empezado.

En la actualidad, de las 139 plazas (99 residenciales y 40 de centro de día) sólo 104 están ocupadas. Es decir, están dejando de utilizar 35 plazas públicas mientras se deriva a los mayores a plazas privadas.

"Es gravísimo, pero la irresponsabilidad es mayor aún, ya que este acuerdo recoge, además, que no se va a ocupar las plazas libres, aunque haya lista de espera. Y podemos asegurar que no se ha creado una plaza pública en las últimas tres legislaturas", denuncia.

Otro tanto ocurre con las plazas de centro de día y de fin de semana, que no se ocupan en su totalidad, se baja lo presupuestado hasta ser asumidas por centros privados y desaparecer.

"Volvemos a comprobar cómo una vez más los trabajos de cuidados se dejan en manos privadas y en grandes empresas de seguros médicos. Es una irresponsabilidad y un error tremendo privatizar los cuidados porque esto se traduce, y que no se engañe nadie, en cuidados precarizados, en condiciones laborales pésimas y en que unos pocos que se lucren de unos cuidados que deberían ser públicos y de calidad", añade Venceslao.

Situación laboral

Además, y según Vitero, más de 40 trabajadoras de la residencia San Prudencio siguen sin poder aclarar su situación laboral.

El espacio de titularidad municipal está siendo, a día de hoy, gestionado por la Diputación. Es decir, es personal municipal quien atiende servicios de competencia foral.

Así, las trabajadoras denuncian la inestabilidad que supone este vaivén de competencias para sus puestos de trabajo.

Y, ahora, se acaba de conocer que, tras el acuerdo, se pretenden eliminar, al menos cuatro puestos de trabajo.

Además, la inestabilidad crece tras conocerse que los contratos de las empleadas han sido ampliados hasta febrero.

Y también que en el posterior periodo hasta junio se revisarán de nuevo todos los contratos.