El largo camino para contar con un nuevo contrato de limpieza

La multinacional encabezada en 2015 por Esther Koplowitz, presentó a aquel concurso público la mejor oferta económica de los cuatro aspirantes, ratificada después con la mejor valoración en el correspondiente informe de los técnicos municipales. Las plicas elaboradas por los equipos técnicos de las firmas concurrentes en aquella ocasión propiciaron un apretado desenlace, resuelto por un puñado de euros a favor de FCC y GMSM. Planteó hacerse con el servicio por una cantidad de 22.820.298,73 euros anuales, IVA incluido, mientras la unión de Cespa y Yárritu se situó en los 22.821.545,28 euros. La diferencia en el contrato más cuantioso de los que saca a concurso la institución municipal se redujo únicamente a 1.246,55 euros a favor de FCC y GMSM. La rebaja del 10,5086% sobre el precio inicial de licitación, fue ligeramente superior al 10,5037% de la UTE que quedó finalmente en segunda posición. De esta manera y con este emocionante desenlace, FCC dio continuidad a la labor de desarrollo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos iniciada en el año 2006 con el popular Alfonso Alonso como regidor de Gasteiz.

La separación de caminos entre el Ayuntamiento de Gasteiz y las firmas actuales prestatarias del servicio se produce de manera anticipada y amistosa sin esperar a la conclusión natural, estipulada para 2023 con la posibilidad de una prórroga para dos ejercicios más que se incluyó en el documento rubricado en 2015. Ha sido un lustro marcado por las desavenencias entre los dos integrantes de la pareja y momentos de máxima tensión como los vividos a raíz del despido de cinco trabajadores, en febrero de 2017, y la sombra de una huelga en el servicio de limpieza, que planeó hasta en cuatro ocasiones sobre la ciudad en la época de los despidos, marzo de 2017, y al año siguiente en los meses de junio, septiembre y noviembre.

Estos episodios unidos a los reproches cruzados, tanto desde la institución municipal, como también desde la firma encargada, argumentando la falta de rentabilidad en el negocio y cuestiones como la necesidad de revisar las tarifas a cobrar por la realización de sus servicios, empezaron a ver la necesidad de separar unos caminos cada vez más divergentes entre ambos actores.

El proceso burocrático ha sido complicado y se ha alargado hasta llegar a los dos años transcurridos desde el momento que se acometió la decisión de rescindir, de mutuo acuerdo, el contrato hasta una segunda licitación del servicio, que se encuentra a escasas semanas de desvelar la decisión final. Ambas partes se pusieron manos a la obra en octubre del año 2018 y han tenido que mediar también una serie de agentes externos como la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA). La presencia de este órgano se convirtió en un trámite necesario porque la ley establece que en Euskadi, en los expedientes de resolución de un contrato se debe pedir un informe a esta comisión cuando exista oposición entre la contrata y la administración. El posicionamiento final de la COJUA marcó el camino a la institución municipal para que, en octubre de 2018, iniciara el proceso de rescisión incoando un expediente incidental de resolución por mutuo acuerdo. Se aferró la institución municipal al artículo 223 C de la Ley de Contratos que posibilita su resolución si existen razones de interés público que justifiquen la medida. "Un contrato esencial para Gasteiz no está funcionando de manera correcta y viene arrastrando dificultades", explicó en aquella ocasión el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, al dar cuenta del camino emprendido.

En diciembre de ese mismo año cristalizó y se oficializó esa rescisión de mutuo acuerdo entre el Consistorio y FCC-GMSM para dar paso a un nuevo documento que permita "mejorar el servicio y que Gasteiz esté más limpia y mejor", concretó el jeltzale Iñaki Gurtubai, por aquel entonces coordinador general del área económica del gabinete Urtaran en la pasada legislatura. Se desbrozó el camino para arrancar una nueva licitación y mejorar los pliegos que evitarán nuevos enconamientos en las posturas de uno y otro bando. Mientras tanto se obtuvo el compromiso de la contrata de continuar desempeñando sus servicios hasta la entrada de la nueva firma adjudicataria y, casi dos años después, sigue FCC-GMSM con su labor a pie de calle.

La intención del equipo de gobierno fue la de apostar por una externalización del servicio, huyendo de los cantos de sirena que llegaron desde grupos como EH Bildu, Podemos e Irabazi de explorar la senda de la municipalización del mismo.

En mayo del pasado año se alumbró el pliego de condiciones para optar a ejecutar el servicio. Como novedad se fijó un nuevo documento legal en el que se estipula un precio fijo de 26,8 millones de euros anuales por la limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, lo que eleva hasta los 107,42 el montante del contrato en sus cuatro años de vigencia. Se fueron sucediendo las etapas de presentación de ofertas y la apertura de plicas de las tres empresas concurrentes. Medio año después de iniciado el proceso, los técnicos municipales redactaron un informe de una docena de páginas en el que recomendaron declarar desierto el concurso y abortar la adjudicación. Argumentaron "incumplimientos" de las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el de cláusulas administrativas por parte de las tres. Centraron ese capítulo en cuestiones como carencias de pedales y manilla para una apertura cómoda de los contenedores de Cespa-Onaindia, o no presentar las bocas adaptadas en la oferta de Urbaser-Enviser.

A la vista de sus argumentaciones, el máximo órgano de contratación municipal no tuvo más remedio que declarar desierto el concurso. Este insólito hecho motivó una reacción conjunta de las tres firmas que tomaron parte en el proceso con la presentación de los respectivos escritos ante el órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi (OARC). Fueron dos meses de una nueva demora y tensa espera hasta que se produjo la resolución y, como adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA en su edición del 20 de febrero, con la desestimación de los tres recursos se abocó a tener que repetir de nuevo todo el proceso de licitación.

Los técnicos municipales procedieron de nuevo a redactar los farragosos pliegos e introducir pequeñas modificaciones de carácter estético, a fin de incluir las novedades y modificaciones pertinentes. En julio se lanzó de nuevo el concurso, que tampoco ha estado exento de sobresaltos. La firma Sogesel interpuso ante el OARC un recurso para impugnar el pliego de condiciones. Este hecho motivó que en la fecha prevista del 4 de agosto no se pudieran abrir las tres plicas presentadas, aludiendo a cuestiones de "seguridad jurídica". Esa misma jornada, la firma leonesa retiró su escrito de impugnación, con lo que el OARC decidió dar por terminada su intervención en la cuestión en la jornada del 7 de agosto.

Este martes se abrieron al fin las plicas de Cespa-Onaindia, Enviser-Urbaser y FCC-Valoriza-Balgorza y solo resta esperar el informe de los técnicos que determine cuál es la mejor oferta de las presentadas.

Larga vigencia El contrato rescindido de mutuo acuerdo se firmó en el año 2015, en la recta final de la legislatura del popular Javier Maroto como regidor de Gasteiz. Con la llegada a la Alcaldía del jeltzale Gorka Urtaran arrancó un acuerdo con FCC-GMSM fijado para ocho años, hasta 2023, y la posibilidad de prorrogarlo durante otros dos ejercicios más.

Por 1.246,55 euros. El concurso público desarrollado en el año 2015 para determinar la empresa adjudicataria se resolvió por un poco habitual y estrecho margen económico. La oferta vencedora presentó una propuesta económica de 22.820.298,73 euros anuales, IVA incluido, frente a los 22.821.545,28 planteados por Cespa y Yárritu. La rebaja del precio inicial por el que arrancó el proceso fueron del 10,5086% por parte de FCC-GMSM, y del 10,5037% de la UTE que quedó finalmente en segundo lugar de aquel proceso.

Mediación de otros actores. A lo largo de estos casi dos años que está costando concretar la nueva firma de limpieza, se ha recurrido a otros actores y organismos como la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi o el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, que ha sido requeridos por alguna de las partes para recabar su opinión en el tema.

Declaración de desierto. Los técnicos municipales abortaron el pasado mes de noviembre el primer intento de adjudicar el servicio. Aludieron a "incumplimientos de las condiciones" exigidas en los pliegos para recomendar la declaración de desierto del mismo. Argumentaron cuestiones referidas a manillas o pedales de apertura y no presentar los recursos humanos requeridos para llevar a cabo los servicios.

107,4

Millones de euros en cuatro años. Es el contrato más caro de cuantos saca a concurso el Ayuntamiento de Gasteiz. Por cada uno de los años de duración se ha fijado un precio de 26,8 millones a pagar por la firma adjudicataria.