- Seis años después de ser imputado por la justicia argentina, el exministro Rodolfo Martín Villa prestó ayer finalmente declaración indagatoria ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, ante quien defendió su papel en la Transición española frente a los cargos de delitos de lesa humanidad que se le atribuyen en relación con doce muertes en actos violentos durante los años 19766 y 1978. "He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", declaró ante la juez.
El interrogatorio, realizado por videoconferencia, comenzó a las 16.00 horas (11.00 horas en Argentina) en la sede del consulado en Madrid, frente al que se concentraron cerca de un centenar de personas del colectivo Ceaqua, que reúne a los querellantes en este procedimiento, y que portaban cajas de cartón con los nombres de las 12 víctimas por las que se inquiere al exministro español. Al lugar llegaron en un momento determinado dos jóvenes portando una pancarta en la que podía leerse Sólo España juzga a España. Vox, pero fueron apartados del lugar por agentes de la Policía Nacional, que les alejaron a una manzana de los concentrados.
El interrogatorio en sí comenzó sin embargo hora y media más tarde, ya que antes de comenzar la juez leyó uno por uno todos los cargos a Martín Villa, que acudió a la cita asistido por su letrado, el abogado argentino Fernando Goldaracena. Pese a anunciar que presentaría una declaración por escrito, el interrogatorio se extendió y versó sobre cada una de las muertes investigadas por la juez en relación con los diferentes cargos que tuvo Martín Villa durante los años investigados.
Según fuentes conocedoras de la declaración citadas por Europa Press, Martín Villa explicó ante Servini que antes de las elecciones de 1977 y "por primera vez en muchos años no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo". "Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978", dijo. "De aceptarse la versión de la querella", añadió, "si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar".
Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera en Vitoria. También le ha interrogado por su responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Errenteria; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurtze, ambas un año antes. Igualmente piden aclarar los sucesos acontecidos en Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de los Sanfermines.
La querella se interpuso inicialmente por las cinco muertes en Vitoria en marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. Siempre según las mismas fuentes, el exministro explicó al Juzgado argentino que la intervención de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y la suya comenzó después, no antes, de conocerse las muertes, y consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia en Vitoria. "Ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa -explicó ante la juez-. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad".
En este punto insistió Martín Villa ante la juez, según fuentes conocedoras de la declaración, así como en los argumentos expresados en la carta que remitió el pasado 25 de agosto anunciando que trataría de defenderse personalmente, "pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio". En su declaración escrita, Martín Villa advirtió de que las acusaciones de la querella contienen errores y falsedades en su catalogación de las muertes como genocidio, en la imputación de responsabilidades hacia él y en la versión que presenta de la Transición y la Ley de Amnistía.
Afirmó también que es imposible que hubiese un genocidio en la Transición, un proceso político que supuso la reconciliación entre los españoles dijo, y explicó que la Ley de Amnistía en nada se pareció a las leyes de punto final; es decir, no se hizo para amnistiar a gobernantes sino a terroristas.
En relación con una nueva acusación contra él por una muerte causada por un disparo policial durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en julio de 1978, precisó que en esos momentos España llevaba ya un año en democracia -las elecciones se celebraron en junio de 1977-, se había aprobado la Ley de Amnistía y se había alcanzado un acuerdo en el Congreso sobre la Constitución, aprobada poco después. En su relato se refirió igualmente, según las mismas fuentes, a que en una sesión de control al Gobierno en septiembre de 1977 sobre diversos incidentes en los que intervinieron miembros de los Cuerpos de Seguridad, el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, afirmó que era "la primera vez que he visto a un Gobierno de este país dar información interna del carácter de la que se nos ha proporcionado sobre la actividad de las Fuerzas de Orden Público y sancionar con relativa rapidez a oficiales y jefes que han incurrido en faltas graves en el ejercicio de su misión".
Junto a esta misiva, Martín Villa aportó 19 cartas de apoyo escritas a título personal de, entre otros, los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy -además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CCOO-, en los que todos ellos, defienden su papel como "hacedor de consensos" durante los años investigados.
El exministro consideró que la querella califica las diversas muertes como genocidio para justificar el acceso a la Justicia universal. El Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional que en octubre de 2018 denegó la solicitud de la juez argentina para interrogarle en Madrid determinó en su auto, entre otras cosas, que si los hechos denunciados fuesen delitos de ninguna manera serían genocidio o crímenes de lesa humanidad.
En su relato también expuso que "pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas". "No ha sido así, y puede comprobarse en los Diarios de Sesiones de las Cortes", insistió.
