Las Juntas aprueban la eliminación del límite de deuda foral

- Las Juntas Generales celebraron ayer el segundo pleno de la semana y último de un curso marcado por el coronavirus. De nuevo con la mínima presencia de junteros en el salón de plenos y la participación del resto por videoconferencia, la Cámara alavesa aprobó, con los votos a favor de los grupos que sustentan al gobierno foral (PNV y PSE), y la abstención del resto, la modificación de la norma foral de ejecución del presupuesto de la Diputación para este año.

Una medida que implica principalmente, como anunció el diputado general, Ramiro González, a principios de junio, la supresión del límite de endeudamiento de la institución para flexibilizar su capacidad financiera y mejorar la liquidez durante el próximo año. La norma foral de ejecución presupuestaria actual limitaba al 10% de los ingresos ordinarios la capacidad de deuda a corto plazo, un límite que se suprime para poder concertar operaciones de préstamo o crédito por plazo no superior a un año, aumentando así la capacidad de endeudamiento actual de la Diputación, limitada a 248 millones de euros.

La diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, presentó ayer los cambios a la Cámara para “dotar de mayor flexibilidad al proceso de decisión asociado a las operaciones de endeudamiento a corto plazo” para “solventar las mayores necesidades puntuales de tesorería derivadas de la nueva distribución temporal de gastos e ingresos”.

Durante este último pleno del curso se debatieron también diversas mociones, como la presentada por el PP sobre “la necesidad de acelerar la conexión de la alta velocidad con Vitoria”, cuyo debate se saldó con la aprobación de la enmienda presentada por PNV y PSE en la que las Juntas reclaman al ejecutivo de Pedro Sánchez que asegure presupuestariamente la financiación necesaria para la ejecución del tramo del TAV entre la capital alavesa y Burgos, además de su conexión con la Y vasca.

La enmienda, firmada únicamente por los dos grupos del gobierno foral, solicita del mismo modo, que se cumpla con el calendario previsto para la construcción del TAV y se tengan en cuenta las alegaciones presentadas para reducir al máximo las afecciones medioambientales, sociales y agrícolas.