vitoria - Las ejecuciones hipotecarias se redujeron el año pasado en Álava un 43,4% con respecto a los datos de 2016 y corroboran el descenso que encadenan a lo largo de los últimos ejercicios. La evolución es positiva en el cómputo total de los últimos cuatro años, hasta el punto de que la cifra de 91 se queda muy por debajo de las 121 ejecuciones inscritas en 2014. Los doce meses de 2017 culminaron con un total de 91 ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en el registro de la propiedad de Álava tanto en fincas urbanas como rústicas. Esta cifra es sensiblemente inferior a las 161 que se inscribieron en 2016 y se sitúan muy lejos de las 213 con las que se cerró el año 2015. El balance en estos tres ejercicios ha sufrido un acusado descenso del 57,2%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado por una hipoteca por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas en el documento de hipoteca. Precisamente, el año pasado se produjo un cambio legislativo por el que el número de impagos se elevó de las tres cuotas anteriores a un número de nueve, en casos de estar en la primera mitad del capital del crédito, o de una docena de cuotas, si el préstamo está en su segunda mitad de existencia. Esta mayor permisividad en el incremento de posibles retrasos en los pagos ha servido de freno a la cifra de ejecuciones y ha sido uno de los factores que ha contribuido a ese descenso del 43% en 2017. Ese procedimiento se puede iniciar hacia fincas de todo tipo y con independencia de cual sea su naturaleza. De las 91 constatadas en Álava, prácticamente la mitad (44) tuvieron por objeto fincas urbanas en forma de vivienda, mientras hubo 36 referidas a fincas urbanas de cualquier otra naturaleza. Los solares situados dentro de los términos municipales (8) también fueron objeto de ejecuciones hipotecarias e incluso se iniciaron procedimientos en Álava el pasado año sobre tres fincas rústicas.
VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO Dentro de la amplia variedad de datos que facilita el INE, se puede profundizar con mayor precisión sobre la tipología de las 44 viviendas contra las que se abrió el proceso. Los datos confirman que la práctica totalidad de ejecuciones tienen por objeto los inmuebles de segunda mano no solo durante el año pasado, en el que 41 de los 44 procesos se centraron en pisos que cambian de un particular a otro. Esta abrumadora mayoría se confirma con los datos de los últimos cuatro años. El 97,6% de todas ellas han recaído sobre viviendas de segunda mano. De las 211 ejecuciones puestas en marcha desde el año 2014, nada menos que 206 han estado orientadas a inmuebles fruto de un intercambio de propietarios entre particulares. En los inmuebles de vivienda nueva únicamente se han dado cinco casos en cuatro años. Tres se concentraron en 2017 y los otros dos en 2015, mientras el capítulo de ejecuciones sobre nuevos domicilios no llegó a registrar ninguna incidencia tanto en 2014 como en 2016. Esa cifra de los 41 procesos sobre pisos de segunda mano es acorde al reflejo que, en el panorama general, sufren las ejecuciones. Es la cifra más baja del periodo 2014-17, en los que se rondó la cifra de las 60 actuaciones, en 2016 y 2014, y fue de medio centenar en 2015.
La personalidad de quienes sufren un proceso de ejecución hipotecaria corresponde también, de manera significativa, a personas físicas. Se trata de compradores particulares que, de manera personal, se hacen con viviendas para su residencia habitual, pero que sufren diferentes avatares que les llevan a no poder hacer frente al pago de las mensualidades a las que se han comprometido en el documento hipotecario. De las 44 ejecuciones del año pasado, 40 tuvieron como destinatarios personas físicas, mientras que únicamente cuatro estuvieron encuadradas dentro de las jurídicas. No se trata en estos casos de una persona física, sino que se actúa sobre una institución creada por varias personas para un determinado objeto social, que puede tener o no fines de lucro. Como sucede en el resto de parámetros, también en esta faceta se constata un descenso en el número de expedientes iniciados. Los 44 de 2017 son el registro más bajo de los últimos cuatro años, en los que siempre se sobrepasó la barrera del medio centenar de procedimientos iniciados. Hubo 59 hace dos años, se quedó en 51 la cifra durante 2015, mientras en el año 2014 fueron 54.
