vitoria - “Estamos, y espero que se nos note, muy satisfechos”, manifestó ayer el coordinador de Alcaldía, Economía y Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki Gurtubai, tras anunciar que el dictamen de la Comisión jurídica asesora de Euskadi, Cojua, dependiente del Gobierno Vasco, da la razón al Consistorio gasteiztarra frente a las pretensiones económicas de FCC y GMSM, la UTE que presta el servicio de limpieza en la capital alavesa. La resolución del organismo, aceptado por ambas partes y que ha actuado como árbitro, concluye que debe de ser la empresa la que asuma una serie de costes que pretendía repercutir sobre el Ayuntamiento. Con la publicación de esta decisión, que el equipo de gobierno entregó ayer en mano a los responsables de la UTE, se disipa cualquier posibilidad de conflicto y se aleja el fantasma de una posible huelga de limpieza en la ciudad.
Previamente, el coordinador general del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Espacio Público, Álvaro Iturritxa, resumió el contenido de la decisión de la Cojua señalando que “no se pueden introducir elementos de negociación sobrevenidos para beneficiar económicamente a la empresa”. Es decir, que el dictamen apoya la interpretación que el Ayuntamiento hizo del contrato de limpieza y que rechaza la revisión de precios que pretendía la empresa. Así, no tendrá que asumir los costes derivados de los trienios a pagar a los trabajadores, ni de las primas de prejubilación y, sobre todo, que no tendrá que hacerse cargo de la factura que provoca el absentismo laboral. Según precisaron desde el Consistorio, si la resolución hubiera sido favorable a la empresa, el Consistorio habría tenido que abonar una cantidad cercana a los 1,7 millones de euros más por año. Un total de 13,6 millones de euros en los próximos ocho años.
El portavoz del equipo municipal de gobierno también hizo hincapié en la satisfacción que ha causado esta interpretación del contrato y enmarcó el dictamen dentro de un ambiente de “normalidad”, ya que al margen de que el Ayuntamiento no tendrá que pagar ni un euro más de lo previsto, existe la garantía de que el servicio se mantendrá independientemente de lo que decida la empresa.
A partir de ahora, tendrán que ser los responsables de la UTE quienes muevan ficha. Y tienen dos opciones. Pueden considerar que las condiciones económicas, de acuerdo con la lectura que hace la Cojua, les satisfacen y seguir adelante como hasta ahora, o bien pueden entender que el nuevo escenario no les es beneficioso y renunciar a continuar con el contrato. Si optan por esta segunda posibilidad, la empresa deberá continuar prestando el servicio en las mismas condiciones que lo hace en la actualidad hasta que el Ayuntamiento lleve a cabo de nuevo todo el proceso de adjudicación, lo cual, según las estimaciones de Gurtubai, podría rondar los nueve meses de plazo.
En lo tocante al grado de cumplimiento de las condiciones del servicio, el coordinador de Alcaldía, Economía y Función Pública aplaudió el actual grado de ejecución de la contrata, que está satisfaciendo el contrato “por encima del 95%”. “Y el Ayuntamiento únicamente paga por los servicios que se prestan”, recalcó. Aunque no existe un plazo legal para que le UTE traslade una respuesta al equipo de gobierno, Gurtubai consideró ayer que ésta puede llegar “en cuestión de semanas, como mucho en un mes”.
Esta decisión pone el punto final a un conflicto que arrancó a principios de 2017 y que provocó el despido de cinco trabajadores después de que la contrata considerara inasumibles las condiciones que planteaba el Consistorio y presentara su propia lectura del contrato. Un contrato que, tal y como recordó Gurtubai, fue suscrito por la anterior corporación municipal.
El coordinador detalló que la hoja de ruta acordada con la empresa el pasado agosto se ha cumplido con total escrupulosidad. “Primero, tal y como solicitamos, se readmitió a las cinco personas despedidas. Después, la UTE presentó la solicitud de revisión de precios. Como se constató una discrepancia de interpretación sobre esa revisión de precios, el alcalde remitió el expediente a la Cojua para que analizara el caso. Y el dictamen, ahora, nos da la razón”, repasó. Iturritxa, por su parte, señaló que el gabinete Urtaran ha defendido el interés municipal. “Tal y como hemos dicho durante multitud de ocasiones -apostilló-, el Ayuntamiento sólo debe pagar por los servicios prestados. Y este dictamen refrenda nuestras actuaciones”.
gestión directa Tras conocer la noticia, el portavoz del grupo municipal de Podemos, Jorge Hinojal, explicó que la decisión de la Cojua viene a confirmar que la UTE pretendía someter a un chantaje a Vitoria. Tras alegrarse de que la resolución sea satisfactoria para los intereses del municipio, consideró que la empresa impide “habitualmente” que la plantilla disfrute de buenas condiciones laborales. “Su trayectoria nos obligar a creer que su objetivo no es dar un buen servicio cuidando a su plantilla, sino garantizar su beneficio empresarial”, amplió en este sentido.
Hinojal insistió en que la mejor manera de prevenir este tipo de conflictos consiste en eliminar al intermediario “que tan poco aporta y tantos problemas nos causa”. “Hoy mas que ayer -continuó- debemos reclamar la remunicipalización del servicio y que sea prestado directamente por el Ayuntamiento. Podemos está seguro de que es posible encontrar fórmulas para conseguirlo. Lo que cuesta más es encontrar dentro de PNV y PSE las ganas de querer hacerlo. Desde nuestro grupo ponemos nuestros votos a disposición de este objetivo”.
En respuesta a la posibilidad de remunicipalizar el servicio, Iturritxa indicó que se trata de un debate “de calado” al que el Ayuntamiento se ha enfrentado desde el inicio del conflicto. “Nos preocupa el colectivo de trabajadores, han sido leales durante todo el proceso de negociación y cualquier fórmula que se aplique debe de ser garantista para la plantilla. La gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento sería la que generaría más incertidumbre, ya que supondría la puesta en marcha de una Oferta Pública de Empleo y ello podría suponer que hubiera una parte de la plantilla que no la superase”, zanjó.
Revisión. El pasado agosto, la UTE adjudicataria del contrato municipal de limpieza, formada por FCC y GMSM, comunicó al Ayuntamiento que estaba en desacuerdo con la aplicación de algunas de las condiciones y solicitó una revisión de los precios.
Desacuerdo. La empresa pedía que el Consistorio se hiciera cargo del pago de los complementos de antigüedad de la plantilla, de las primas de prejubilación y del coste derivado del absentismo laboral. El Ayuntamiento se opuso.
Despidos. La UTE reaccionó despidiendo a cinco trabajadores para ajustarse al nuevo escenario económico. Una decisión que supuso el inicio del conflicto con el Ayuntamiento y que amenazó con iniciar una huelga de limpieza en Vitoria.
Mediación. Dado que las posiciones eran irreconciliables, ambas partes acordaron someterse al dictamen de un organismo mediador. Se decidió que fuera la Comisión jurídica asesora de Euskadi, Cojua, la que tomara una resolución definitiva.
Dictamen. El pasado 18 de enero, la Cojua emitió un dictamen por el que refrenda la interpretación del Ayuntamiento y desestima las pretensiones de FCC y GMSM.
El coordinador de Urbanismo y Medio Ambiente se mostró satisfecho por la resolución de la Cojua y subrayó que el equipo de gobierno ha defendido el interés municipal.
El coordinador general de Alcaldía, Economía y Función Pública explicó que el gobierno municipal ha cumplido con el acuerdo que cerró con la UTE y garantizó que a partir de ahora seguirá respetando las condiciones del pacto, por lo que aguardará a que la empresa tome una decisión.
95%
Los portavoces del equipo de gobierno explicaron ayer que el nivel de ejecución actual de los servicios de limpieza por parte de la UTE integrada por FCC y GMSM es superior al 95%.
