vitoria - El temor a sanciones penales e incluso a la inhabilitación para empleo o cargo público ha obligado al Pleno del Ayuntamiento de Condado de Trebiño a acatar una sentencia anulando los acuerdos aprobados en diciembre de 2015, concretamente, el referido a la solicitud realizada a la Diputación Foral de Álava que pedía a ésta “la máxima implicación en el servicio de recaudación de impuestos y tasas en Trebiño, por las dificultades que la situación territorial implican”. Aquel acuerdo también solicitaba “equiparar el resultado económico de costes de dicho servicio al resto de municipios del territorio histórico de Álava, tanto en derechos como en obligaciones”.
Esta decisión judicial, anulando el acuerdo plenario, era algo que se esperaba en la corporación, aunque fuentes municipales han reconocido a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA que esperaban que, tras la negociación entre las diputaciones de Álava y de Burgos, que dieron como fruto la consecución de acuerdos en varias materias que se deben convertir en convenios de colaboración, se retirasen las demandas que había presentado la Junta de Castilla y León contra el acuerdo.
El recurso contencioso administrativo que habían presentado las autoridades castellanas inició su curso en el Juzgado número 2 de Burgos estudiando las razones de la demanda y dando audiencia al Ayuntamiento, cuyo asesor jurídico alegó que “la resolución impugnada se limita a solicitar de otra administración su ayuda y colaboración en materia de recaudación de impuestos y tasas y una solicitud no puede suponer una intrusión de competencias, por lo que se afirma que se trata de un acuerdo inocuo así como una cuestión que afectan al ámbito competencial propio del Ayuntamiento y en ningún caso de la Junta de Castilla y León. Sólo en el caso de que la Diputación de Álava respondiera a esa solicitud habría que coordinar la respuesta, en cuyo caso el Ayuntamiento de Trebiño se dirigirá a la Junta para acordar los términos o suscribir un convenio de colaboración”.
Esto, sin embargo, lo vio de manera distinta el tribunal, que se fijó especialmente en el encabezamiento del acuerdo municipal, donde se establecía como título del mismo la frase Asunción de compromisos por parte de la Diputación Foral de Álava. Esta expresión se ha interpretado por la administración de Justicia como que “se deduce que, al menos, el Ayuntamiento considera que la Diputación Foral ha asumido un compromiso” y que éste se “habría asumido en las reuniones que el Consistorio y la Diputación habían tenido sobre materias relativas a agricultura, transportes, plan de viabilidad invernal y servicio de recaudación y que se pretende refrendar lo hablado”. Pero estas materias no son de competencia municipal y por lo tanto la sala considera que “se insta a actuar a una administración incompetente” y por ello “es susceptible de impugnación” el acuerdo municipal.
El Juzgado recuerda que el Ayuntamiento no tiene “competencia para firmar convenios con comunidades autónomas distintas de aquella en la que se encuentra”, y argumenta una sentencia del año 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra tres convenios que se iban a firmar entre los ayuntamientos del enclave y el Gobierno Vasco en materia de educación y cultura, sanidad y promoción económica y desarrollo rural, que fueron rechazados porque los territorios de ambos municipios del enclave -Condado de Trebiño y La Puebla de Arganzón- se encuentran dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y “en ningún caso pueden corresponder a la Comunidad Autónoma del País Vasco, al exceder de su ámbito territorial; sin perjuicio de la debida cooperación y coordinación entre distintas comunidades autónomas y las relaciones entre poblaciones limítrofes”.
Tras recordar que, efectivamente, la Ley de Régimen Local de Castilla y León garantiza que “el municipio es la entidad local básica de la comunidad” y que “goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía para la gestión de sus intereses”, también expresa que las relaciones de los ayuntamientos “deben estar presididas por unos deberes de lealtad y de información mutua, así como de la colaboración y coordinación, por lo que los convenios que se proceda celebrar en interés de los ayuntamientos deben realizarse con la debida colaboración y coordinación con la comunidad autónoma a la que pertenecen, quedando la autonomía municipal constreñida a esta colaboración”.
Por estas razones, el Juzgado ha emitido un fallo en el que estima íntegramente el recurso interpuesto por Castilla y León y ha declarado los acuerdos municipales impugnados nulos, imponiendo costas al Ayuntamiento. Así mismo fija la sentencia como “firme” y da un plazo de diez días para su cumplimiento.
La sentencia llegó al Ayuntamiento de Trebiño el día 20 de octubre e inmediatamente se encargó a la concejal María Eugenia Galarreta -aunque la petición la hizo a nivel particular-, que es presidenta de la Comisión de Integración que existe en el Consistorio, un informe a la Secretaría Municipal sobre las consecuencias del fallo judicial. Aparte, desde la Alcaldía se convocó un Pleno extraordinario sobre este tema, que se celebró el miércoles.
Pleno municipal En el informe que se compartió con el resto de corporativos se estudiaban las consecuencias jurídicas en el caso de incumplimiento de un mandato judicial y se recordaba que “las autoridades o funcionarios públicos que se negasen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales incurrirán en la pena de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
También se afirmaba que “las resoluciones judiciales son inmediatamente ejecutivas, siendo el órgano encargado de su cumplimento el órgano que ha dictado el acto administrativo declarado nulo, en este caso el Pleno de la Corporación de Trebiño. Y debido a esa obligatoriedad, la Secretaría recordaba lo que establece la legislación: que, en caso de desobediencia, se valora a título individual y será responsable el concejal que vote en contra de la nulidad del acto impugnado, pudiendo ser imputado de un delito de desobediencia a la autoridad, que conlleva las sanciones penales mencionadas anteriormente. Y en el caso de abstención, es posible que la autoridad judicial demande responsabilidad si ésa ha sido la causa de que el resultado de la votación sea contraria al fallo judicial.
Ante esta situación los concejales de Trebiño tuvieron buen cuidado a la hora de proceder a votar la anulación del acuerdo, ya que hubo cuatro votos a favor de la anulación y tres abstenciones. Los primeros fueron de la alcaldesa, un concejal independiente, un voto del PP y el del PNV. Mientras que otros dos independientes se abstuvieron y lo mismo hizo el anterior alcalde, miembro de la misma lista que la alcaldesa. Ésta, Elena Ramírez, explicaba a este diario que no había discrepancias políticas con su compañero de grupo. Tan solo que “el paso por el Ayuntamiento es algo temporal y no puedo arriesgar mi familia y mi futuro profesional”.
Por su parte, fuentes de la Diputación Foral de Álava insistían ayer en que el recurso ahora fallado es de la Junta de Castilla y León. A su juicio, el Acuerdo Marco firmado con la Diputación de Burgos marcha por buen camino y, de hecho, el pasado lunes la teniente de diputado general, Pilar García de Salazar, hizo llegar a las autoridades burgalesas los contenidos de los convenios que se podrán firmar en un futuro próximo, referidos a servicios sociales, cultura, euskera, deporte y juventud, patrimonio histórico y arquitectónico, obras menores, extinción de incendios e igualdad.
De hecho, cuando comenzaron las negociaciones entre las dos diputaciones debían quedar algunos flecos judiciales presentados desde Burgos, y estos quedaron sin efecto con el comienzo del diálogo entre las dos administraciones. Ahora queda la negociación con la Junta de Castilla y León, que versará sobre materias de competencias que pueden tratar las dos administraciones, como carreteras, una parte de servicios sociales y varios aspectos de medio ambiente. La petición de encuentro ya está realizada y solo se espera la llamada de teléfono de Valladolid para abrir un nuevo cauce de diálogo para el bienestar de los vecinos de Trebiño.
