“La crisis ha puesto todo patas arriba y nos ha descubierto perfiles que hasta hace poco no existían”

¿La mejora de la situación económica está teniendo ya algún reflejo positivo en la actividad de los servicios sociales de base?

-Nosotros no lo notamos. Yo no entiendo de economía, pero seguimos teniendo mucha gente que viene a los servicios sociales a la que efectivamente hay que dar un apoyo tras analizar su situación. Eso no ha cambiado, sigue existiendo. El otro día, en el centro cívico Iparralde, se detectó un incremento importante en la demanda, se produjo un pequeño atasco y hemos tenido que tomar medidas inmediatamente para corregirlo. Si no hubiera crisis, si esto estuviese dando marcha atrás, estas situaciones no se estarían produciendo.

¿Los perfiles que atienden siguen pareciéndose poco a los que llegaban hace sólo unos años?

-La crisis ha puesto todo patas arriba y nos ha descubierto perfiles que hasta hace poco no existían. Antes el pobre era pobre, el mendigo era el mendigo, y ahora hay muchas personas que no llegan a fin de mes, pero no por ser desestructuradas o incapaces de organizarse. Es gente mucho más normalizada, que ha trabajado toda la vida, que ha ahorrado para irse de vacaciones, que ha hecho de todo y sin embargo ahora no puede. La crisis está durando muchos años y está haciendo que afloren estas situaciones. Y los apoyos y las ayudas que les damos tienen que adaptarse a eso.

¿Por qué había que hacer una nueva ordenanza de prestaciones municipales?

-Los ayudas que damos desde el Ayuntamiento tienen que ser en función de la realidad de cada momento y tenemos que ser muy dinámicos en eso. Teníamos una ordenanza que llevaba muchos años y se han ido haciendo parches, pero cuando parcheas tanto una ordenanza llega un momento en el que lo que pones nuevo puede entrar en contradicción con lo que había. Era necesario hacer una nueva ordenanza teniendo en cuenta todas las circunstancias presentes. Y además era necesario porque la que teníamos daba la posibilidad de hacer cambios a la carta, y eso tampoco es bueno. Estoy convencido de que a partir de ahora vamos a dar una respuesta más ajustada a las necesidades de la gente y bajo criterios estrictamente técnicos, nos vamos a centrar más en aquéllos que realmente necesitan una ayuda y además no vamos a gastar más. Lo que no puede ser es que cada concejal que venga cambie radicalmente lo que se está haciendo y que las normas de este Ayuntamiento estén al albur de quién está al frente de los equipos.

¿La labor de los técnicos se ha visto coartada en años anteriores?

-Sí, hasta ahora estaban muy condicionados a lo que se les marcaba desde arriba. Y desde arriba se tenía mucha vocación de injerencia. En la legislatura anterior -con el PP en el Ayuntamiento- se trabajaba mucho en esta línea. El político de turno ha llegado a usurpar la labor de los técnicos, incluso en los casos de excepcionalidad, diciendo a quién se da y a quién no se da una ayuda. Y lo que hace esta ordenanza es empoderar a los técnicos para que analicen y diagnostiquen bien cada caso y de ahí hacer una propuesta individual.

Lo cierto es que en cuanto el tema de las ayudas sociales se ha puesto de nuevo sobre la mesa del Ayuntamiento, las chispas han vuelto a saltar con el Partido Popular.

-El PP tiene una ideología que sintoniza muy poco con la realidad de la calle. Van a piñón fijo y, por ejemplo, mandan a todos los que sean familias de una o dos personas sin menores a cargo al comedor social y a otros les da una tarjeta para que vayan a comprar lo que se les diga y donde se les diga. Que a una persona que tiene 35 años, que lleva 15 independizada y durante toda su vida se ha administrado le vengas como político iluminado a decirle en qué tiene que gastarse los recursos... Como que no. Eso es dar marcha atrás con esa persona, que era independiente y era capaz. Es ir en contra de la filosofía de lo que deben ser los servicios sociales, que es avanzar en la independencia y en la autonomía de las personas, en que sean capaces de llevar el timón de su vida y no decirles lo que tienen que hacer. Esa filosofía, que responde más a una idea de caridad, de beneficencia, no se puede llevar con dinero público. Con el dinero público hay que actuar de forma eminentemente técnica, con análisis, diagnósticos y propuestas de solución. No puede ser que a uno que me caiga bien le doy, y al otro no porque es de allá y no de aquí. Con recursos públicos está muy claro que no puede haber discriminación por razones de raza, religión o nacionalidad. Y eso tiene que transferirse a todas las actuaciones de la Administración.

¿Qué le viene a la cabeza cuando el PP habla de que no va a haber control en la concesión de estas ayudas, de que han impulsado una “RGI vitoriana” o del supuesto llamada?

-Es el marketing político que utilizan, que se basa en encontrar una frase llamativa y machacarla hasta que al final parece que es palabra de dios. El control va a existir en todas las ayudas, aunque sea diferente en cada caso. Cuando hablamos de prestaciones económicas, el control es previa factura. Por ejemplo, a quien tenga derecho a unas gafas, se le va a pedir un informe médico y tres presupuestos de tres ópticas diferentes. Primero, prescripción, y luego presupuestos. Y cuando se haga las gafas, las tenga y las pague, tendrá que llevar la factura. Cuando hablamos de prestaciones de otro tipo, como las de alimentación, se controlarán con el plan individual. Al perceptor se le da una tarjeta para que compre en el supermercado y sabe que hay cosas que no se pueden comprar y se controlan en caja. ¿Qué más necesito? Van a comprar lo que hay, no van a comprar zapatos. Lo de RGI vitoriana me produce risas. Habla el PP cuando estamos aplicando conceptos y criterios que ya aplicaban ellos y que entonces no eran la RGI de Maroto. Lo que estamos haciendo es corregir algunos errores que vienen de su etapa.

¿Por ejemplo?

-Hay uno muy claro, que son los adelantos de RGI que se hacían desde el Ayuntamiento a la demanda que se realizaba en Lanbide. Eso sí que era una RGI vitoriana a la carta, que nos generaba un gasto de un millón de euros al año. Y lo hemos cortado porque no hacía bien ni a los demandantes, ni al Ayuntamiento ni a Lanbide.

¿Le preocupa que ese mensaje de ‘los de aquí y los de allí’ vuelva a extenderse en la calle?

-Me preocupa mucho, aunque no responde a la realidad de Vitoria. Vitoria es solidaria y cada vez que se organiza algo la gente responde. Pero cuando repiten ese mensaje machaconamente tocan en un punto que es complicado, un punto débil. Si tienes en casa a una persona en paro que no recibe ayudas porque se suma el sueldo de la madre y el padre, te fastidia mucho y te toca la fibra aunque no tenga derecho a ellas cuando te dicen que a alguien que acaba de llegar ya se le dan. Hay mucha demagogia y populismo, porque las normas son igual para todos. Todos. Blanco, negro, marrón... A todos se les aplica igual y con los mismos criterios. ¿Hay efecto llamada? Todos dicen que no, no es que lo diga el concejal de Políticas Sociales. En la legislatura anterior, todos los técnicos que pasaron por el grupo de trabajo donde analizamos el tema de las ayudas dijeron que no existe el efecto llamada. Que hay muchos sitios donde hay menos ayudas y más extranjeros que en Vitoria. No hay un problema. Otra cosa es que se quiera crear haciendo creer a la gente que esto es un desastre.

¿Por qué se ha decidido rebajar a seis meses el tiempo mínimo de padrón para acceder a la mayoría de las ayudas?

-Bueno, en algunos casos se ha bajado a seis meses y en otros se ha subido de cero a seis meses, como es el caso de la prestación básica. Ahora no sólo somos el Ayuntamiento, sino que hay otros agentes que intervienen en este ámbito como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos. Hay más agentes que pueden dar esa cobertura básica. A nosotros tener que dar una ayuda desde el minuto cero nos suponía darla sin haber analizado ni estudiado bien los casos. Eso por un lado. Y por el otro, también necesitábamos adecuarnos un poco al entorno, porque determinadas ayudas que se dan en San Sebastián y Bilbao estaban en los seis meses de padrón y no en el año. Además, en ese cambio de la realidad que comentaba antes, ahora se nota mucha más demanda de ayudas para vivienda que para alimentación, que ahora está bien cubierta por otras entidades. Vimos que en este ámbito sí que había que bajar un poco el plazo de padrón -de un año a seis meses- como ya se había hecho en Bizkaia y Gipuzkoa, donde está funcionando bien.

¿En qué medida va a mejorar la vida de los potenciales perceptores la nueva ordenanza?

-Va a mejorar porque se establecen diferentes fórmulas de prestaciones básicas y distintos conceptos, porque se ha ajustado todo mucho mejor a la realidad actual y porque se va a responder mucho mejor a esa autonomía personal, caso por caso. La propia Ley de Servicios Sociales nos dice que tenemos que analizar todos los casos, a nivel individual, y dar soluciones individuales. No valen soluciones colectivas porque hay mucho más perfiles diferentes a los que hay que dar respuesta.

¿En qué punto se encuentra la tramitación de la normativa?

-Ahora los técnicos tienen que estudiar las alegaciones y hacer un informe de cada una de ellas para ver si son asumibles o no. No sé cuántas se han presentado. A partir de ahí, irán otra vez a la comisión, se votarán, irán a Pleno y se votarán definitivamente. No sé qué pasará con las alegaciones, pero lógicamente habrá cosas que no se podrán admitir porque irán absolutamente en contra de la filosofía de la ordenanza. Seguirá el mismo procedimiento que cualquier otra ordenanza y con una labor importante de los técnicos, porque no hay que olvidar que ésta la han hecho los técnicos también. Es una herramienta para ellos y que deben aplicar ellos, con personas que están todos los días en sus despachos. Yo no me meto en camisas de once varas.

¿La tendremos aprobada para antes del verano?

-Yo creo y espero que sí. Estamos en una situación casi en tierra de nadie, aplicando parte de la vieja, sabiendo que eso no va a ser aplicable... Así que cuanto antes mejor.Superado este trámite, ¿qué es lo que más le quita el sueño de aquí a final de legislatura?-La aplicación del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios va a ser la pera, pero me atrevería a decir que estamos adelantados respecto a Bizkaia y Gipuzkoa a años luz. Ahora el Ayuntamiento tiene todos los servicios llenos de personas válidas, que son las que veníamos atendiendo hasta ahora. Hay una serie de condicionantes que no están en mi mano, pero el compromiso es que nadie se va a quedar sin ser atendido, que nadie se va a quedar en la calle, y espero que para mediados de 2019, para septiembre más o menos, podamos tener todo ya hecho. En Vitoria nadie se va a quedar en la calle sin tener un servicio y sin estar atendido. El Decreto de Cartera es una revolución de los servicios sociales que no se había dado nunca, porque supone cambiar todo el sistema que teníamos desde la época Cuerda. Tendremos sistema de sobra para 20 o 25 años, salvo que antes venga una revolución en los perfiles y haya que darle otra vuelta. Vitoria va a seguir siendo tan social como ha sido hasta y dando respuesta a todas las necesidades.