vitoria - La defensa legal del Grupo Ros Casares informó ayer de que la sentencia emitida en su día por el Tribunal Supremo, por la cual se obliga a la Diputación alavesa a escuchar al entramado empresarial y prestar atención a sus alegaciones ante las reclamaciones forales de devolución del dinero percibido a través de las denominadas vacaciones fiscales vascas, ha adquirido ya rango de firmeza. La resolución del Supremo venía a ratificar una decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la cual se estimaba que el ente foral no había cumplido con los trámites adecuados al declarar inadmisibles una serie de reclamaciones económico-administrativas presentadas por los portavoces de Ros Casares Centro del Acero S.L.U. Dichas alegaciones formaban parte del proceso de devolución de 19 liquidaciones declaradas ilegales por la Comisión Europea y que, en conjunto, sumarían 4,5 millones de euros.
Puesto que el Supremo declaró nulo el proceso y lo devolvió a su punto inicial de manera que la defensa del grupo industrial pudiera ejercer su derecho a defenderse, el abogado de Ros Casares, Ignacio Varona, señaló en su momento que es posible que se reclame a la Diputación el dinero ya entregado -en teoría los 4,5 millones íntegros- antes de reanudar el procedimiento desde cero. No obstante, debido a que el grupo se halla en concurso de acreedores, la administración concursal tiene que dar su aprobación a la reclamación del dinero. - A. Burdain
