Vitoria - La Hacienda alavesa aumentará la plantilla del servicio de inspección tributaria para poner en marcha los acuerdos de colaboración para la inspección de tributos sellados con un total de 17 ayuntamientos del territorio, a los que facilitará el cobro y gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Como adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, la institución foral envió antes del verano una carta a todos los ayuntamientos alaveses para trasladarles la posibilidad de firmar un convenio con la Hacienda foral para la gestión tanto de los dos impuestos citados como del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Plusvalías, ahora oficialmente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En el caso de estos dos últimos, la Diputación ha cerrado pactos con trece municipios.

Ahora, concretado el número de ayuntamientos que se han sumado al acuerdo, el Departamento de Hacienda creará una plaza de inspector auxiliar de tributos para cubrir este nuevo servicio, que contará además con un agente tributario. De este modo, con el objetivo de “mejorar la eficacia en la inspección de estos tributos”, el fisco pondrá a disposición de estos municipios “el personal necesario” para la gestión y cobro de esos impuestos.

Como compensación por el coste que implica este servicio, cada ayuntamiento deberá abonar a la institución foral un 35% de los importes de las deudas y sanciones que se cobren durante estos procedimientos.

Entre los municipios que se han sumado a alguno de estos dos acuerdos figuran entre otros los ayuntamientos de Dulantzi, Amurrio, Asparrena, Armiñón, Barrundia, Bernedo, Elciego, Lantziego, Lapuebla de Labarca, Legutio, Maeztu, Oion, Peñacerrada y San Millán. Estos acuerdos para la inspección y recaudación de los impuestos municipales sellados por la Diputación llegan después de que este mismo año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara los contratos firmados en su momento con empresas privadas por Agurain, Amurrio y Legutio para la externalización del servicio de inspección de tributos.

Una resolución que enterraba definitivamente, tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado, la polémica privatización de un servicio que según la Justicia no puede ser acometido en forma alguna por empresas privadas. tribunal de justicia Destapados en febrero de 2014 por este periódico, los casos de estos municipios alaveses, a los que la Delegación del Gobierno puso el ojo desde los primeros compases, acumularon un largo periplo por los juzgados hasta la sentencia del TSJPV.

Los consistorios justificaban la externalización del cobro de tributos a las empresas de la zona en su escasez de recursos para acometer esas labores de inspección fiscal y perseguir así el fraude, con casos en los que los datos municipales sobre las firmas sumaban años desactualizados, lo que, entre otros motivos, supone que los municipios vean reducidos sus ingresos por esta vía.