bilbao/gasteiz - La portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Elena Unzueta, afirmó ayer que la línea de autobús entre Vitoria y Bilbao, gestionada por la institución foral vizcaína, le “corresponde”, tras ser adjudicada por el Gobierno Vasco. La citada afirmó, tras el Consejo de Gobierno, que “le corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia”, no “por criterio propio”, sino porque en 1987 el Gobierno Vasco adjudicó este tramo al citado territorio histórico, porque se trata de una concesión no exclusivamente vinculada al número de kilómetros que sean mayores en Álava que en Bizkaia, sino a una adjudicación en lote, en conjunto”.

“En estos momentos -explicó-, se está en una fase no de revisión de esos criterios, sino de adjudicación nuevamente de la línea”, por lo que consideran que “va a seguir funcionando como se ha hecho hasta ahora por parte del territorio histórico de Bizkaia y por esta Diputación”.

La gestión de la línea de autobús entre Vitoria y Bilbao se encuentra desde hace años en manos de la Diputación de Bizkaia, que en su última adjudicación otorgó la explotación a la compañía La Unión. La concesión, en realidad, finalizó en 2013, pero la empresa ha seguido ofreciendo el servicio prorrogado a la espera de que el ejecutivo foral vizcaíno pusiera en marcha un nuevo concurso que, finalmente y con tres años de retraso, se sacará a licitación el 29 de julio.

Pero Álava tiene otros planes que, de una forma u otra, van a acabar chocando frontalmente con las intenciones vizcaínas. Y es que, tras años sin avanzar un solo paso al respecto, la Diputación Foral de Álava ha decidido reclamar la gestión de la línea Vitoria-Bilbao por la AP-68 porque, según considera, debe ser potestad de la institución alavesa, por mucho que Bizkaia sea desde hace décadas la beneficiara de una de las líneas de buses más rentables de Euskadi.

Según anunció el lunes el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, el socialista Josu López Ubierna, el gobierno foral está dispuesto a llevar el caso a los tribunales para que la Justicia dirima cuál de las dos diputaciones es la legalmente responsable de gestionar el bus. - E.P./DNA