Vitoria - La ruleta rusa de las bajas temerarias comenzó a girar con el estallido de la crisis y todavía no se ha detenido. La oferta de obra pública sigue siendo más baja que antaño, así que las empresas de la construcción tiran los precios en pugnas feroces para hacerse con el contrato de turno. Y como las arcas públicas tampoco se han recuperado, las administraciones tienden a dejarse tentar con rebajas que les permitirán sacar adelante proyectos por la mitad de precio o menos. Después pasa, al menos de vez en cuando, lo inevitable: la adjudicataria subcontrata gente para aliviar gastos, acaba con el agua al cuello para cumplir los plazos o terminar las tareas con calidad y aprieta a los trabajadores, hasta que llega una denuncia pública que destapa el pastel, como la que llevará Irabazi Gasteiz a la comisión de Hacienda del próximo miércoles a cuenta de la renovación de la cubierta del Aterpe.
La formación de izquierdas quiere reabrir un debate que ya se produjo en el seno de la Casa Consistorial con obras como la construcción de la estación de autobuses, la reforma del Palacio Europa o el centro cívico de Salburua sin que sirviera para evitar nuevas malas experiencias. A su juicio, el problema de fondo está en la tentadora reforma de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, que permite que ofertas con valores anormales o desproporcionados sigan adelante en el proceso de licitación dando la opción a los contratistas de justificar la viabilidad económica de su proposición, aun a sabiendas de que el ahorro que presentan puede tener consecuencias más adelante, en la evolución de la obra, en el resultado final o, como al parecer ha sucedido el caso de la cubierta del Aterpe, en las condiciones de los trabajadores.
Según la denuncia de Irabazi Gasteiz, la empresa Madis ganó el concurso con una oferta de 154.322,11 euros, IVA incluido, la más baja de las tres que pugnaban por los trabajos y bastante por debajo del precio de licitación, establecido por el Consistorio en 170.940,82 euros. “Una baja temeraria justificada ante la Mesa de Contratación”, apuntilla, con el único voto en contra de este grupo. Eso fue en diciembre. Al poco empezaron las obras del tejado del edificio y hasta marzo, cuando concluyeron, “las irregularidades no dejaron de sucederse”. La formación atestigua con documentos que los operarios contratados padecieron incumplimientos en el tipo de contratación y a la hora de abonar los salarios, así como violaciones de la legislación en materia de seguridad laboral que acabaron denunciando ante Inspección de Trabajo.
Las fotos recabadas por Irabazi Gasteiz muestran redes desgastadas y mal colocadas, pescantes mal asegurados, sobrepeso en el tejado en el que trabajaban por descargas de materiales y acumulamiento de escombros, sin línea de vida, huecos sin tapar, vigas desniveladas, cabrios a distintas alturas y deteriorados, lamas del canalón sin poner, sunes de chimeneas sin cambiar, onduline rajado por el peso del personal y otras deficiencias que, según los operarios, evidencian la “falta de compromiso” de la empresa con los requisitos exigidos por el Consistorio. Además, según cuenta este grupo municipal y se recoge en un escrito con la denuncia de los trabajadores, la adjudicataria realizó un contrato a media jornada a dos de los obreros obligándoles a cubrir la otra media como autónomos, les mandó durante las seis semanas del contrato a Soria y Salamanca y no les pagó por los servicios prestados, con jornadas que alcanzaron las once horas diarias, sometidos a un gran estrés por parte de la empresa y caídas.
Irabazi tiene claro que el Ayuntamiento no se puede permitir el lujo de favorecer adjudicaciones que acaben desembocando en contratos precarios plagados de riesgos, mientras se le llena la boca con discursos sobre el fomento del empleo digno y la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora. Sin embargo, lo habitual cada vez que regresa este debate municipal es que el gobierno de turno busque justificaciones, sobre todo si hay subcontratación de por medio. En esos casos, el Consistorio asegura no ser competente para vigilar y regular las condiciones de trabajo en sus propias obras, las UTE dicen tener las manos atadas y que sólo pueden limitarse a comprobar que la documentación que les entregan las subcontratas es la exigida e Inspección de Trabajo afirma que hace todo lo que puede para combatir la lacra.
Y así, mientras cada cual trata de restarse responsabilidades, se dan casos como trabajadores hacinados en pisos patera, operarios que firman nóminas y luego perciben menos dinero de que figura en el papel o jornadas maratonianas hasta en días festivos que exceden de las condiciones del contrato. Ha pasado más de una vez en obras de envergadura llevadas a cabo en la ciudad, pero también en menores como atestigua la denuncia sobre la cubierta del Aterpe. Por eso, Irabazi emplazará en la comisión de Hacienda a modificar la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, si es que hubiera margen, y como mínimo que el Ayuntamiento cumpla el punto de la moción sobre seguridad y salud laboral aprobada el pasado mes de abril respecto a las inspecciones en las obras y servicios contratados por la Administración.
Se trata de cortar la cola de una pescadilla que no ha dejado de mordérsela desde que llegó la crisis. Aunque a priori podría pensarse que es preferible para el interés público que una institución pague lo menos posible por una obra, algo de lo que en la anterior legislatura el gobierno municipal presumió en varias ocasiones, la regla del precio más bajo puede acabar ocasionando los suficientes riesgos como para poner los medios para atajarlos. Al final, según sindicatos y trabajadores, sólo se trata de una cuestión de voluntad. De primar las personas sobre los números.
San Martín. Irabazi Gasteiz también denunció ayer el caso de la empresa Construcciones Arian, encargada de la renovación de las tuberías de San Martín, “un ejemplo más de lo que están provocando las bajas temerarias”. La compañía, que se llevó la adjudicación de los trabajos tras presentar una oferta un 40% inferior al precio de licitación del Ayuntamiento, se encuentra en situación de preconcurso de acreedores y ha paralizado las obras, dejando el barrio lleno de zanjas y agujeros.
