el proceso de evaluación de la posible reapertura de Garoña está provocando en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) casi tantas grietas como las que acumula la central burgalesa. Las tensiones en el organismo regulador constituyen un hecho palpable desde hace ya unos meses entre sus funcionarios, un malestar que encabeza la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad y Protección Radiológica (ASTECSN) a cuenta de su creciente politización, pero no son las únicas. Así lo ha puesto de manifiesto el resultado del último pleno del CSN, que mostró su posición favorable a prolongar la vida útil de la planta, pero sobre todo que haya salido a la luz este martes el voto discrepante de la consejera Cristina Narbona, propuesta en su día por el PSOE.

El pasado 3 de febrero, el día en que se celebró el cónclave, varios de los consejeros del organismo emitieron sendos votos particulares, donde pusieron de manifiesto sus diferencias de criterio. Cabe recordar, no obstante, que el Partido Popular lo controla de facto, ya que tres de sus cinco miembros están vinculados a esta formación, tras una larga trayectoria de equilibrio de partidos. Su presidente, Fernando Martí, y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló, frente a la propia Narbona y la también socialista Rosario Velasco.

Tras conocerse públicamente que Narbona solicitó en su voto la paralización de la evaluación o que el informe definitivo sobre Garoña no se debería emitir hasta que todas las mejoras técnicas exigidas hayan concluido, Fernando Castelló censuró ayer en declaraciones a la agencia Europa Press que parar este proceso podría llevar al pleno a incurrir en un “acto de prevaricación”. Castelló, además, censuró la “filtración” del voto de Narbona antes de la firma del acta definitiva del pleno, que se llevará a cabo en una reunión posterior. Según advirtió el consejero, no dar respuesta “en este momento” por parte del CSN a un proceso administrativo como el que tiene encomendado sobre Garoña sería obedecer a “criterios no establecidos en la ley y entrar en un debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora”. “La dilación, el aplazamiento o la moratoria del proceso evaluador justificada por circunstancias políticas, sociales o económicas no tiene cabida en la consideración de los factores que por ley le competen al CSN, que son exclusivamente la seguridad nuclear”, justifica Castelló en su voto.

Por su parte, el consejero Dies Llovera, que se incorporó al pleno el pasado octubre en sustitución de Antonio Gurguí -propuesto en su día por CiU-, ha defendido en su voto particular, recogido ayer por Efe, su rigor y “más absoluta independencia” de “cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones de este organismo”. El consejero, sin embargo, justifica el sentido de su voto a favor de las fundamentaciones técnicas que ha establecido el CSN en el caso de Garoña, que a su juicio son “el resultado de la estricta aplicación de la normativa aplicable y del seguimiento del procedimiento establecido”.