pablo, vecino de Gasteiz de 33 años, siguió los cauces habituales para suscribir un préstamo hipotecario y comprar su actual vivienda, un inmueble ubicado en la zona de Aldabe, anteriormente propiedad de una familia. Acudió a su entidad financiera de referencia, que le facilitó los servicios de una empresa de tasación para que todo el proceso se realizase con todas las garantías de legalidad, y tras recibir el informe de valoración del piso contrató la hipoteca y firmó “todo el papeleo” y las escrituras.
La vivienda fue valorada en un total de 110.000 euros en virtud de ese informe, una cantidad que quedó reflejada en un porcentaje del crédito suscrito posteriormente. Pablo se extrañó porque una tasación anterior realizada por una inmobiliaria de la zona, de carácter “menos oficial”, había asignado al piso un valor cercano a los 80.000 euros, una cantidad sensiblemente inferior. “Me extrañó porque en la inmobiliaria me habían dicho que era un muy buen momento para comprar, pero me fié. Al final era una tasación legal y supuse que sería similar a la de otros vecinos de la zona”, explica Pablo en declaraciones a este periódico.
Con todo el proceso de compra ya en marcha, hace ahora menos de un año, el propietario conoció a un vecino de su misma calle, que se había mudado justo al portal de enfrente, y cuya flamante vivienda casualmente había sido valorada por la misma empresa de tasación. Un piso de muy similares características, tasado en las mismas fechas, pero valorado en 76.800 euros. 33.200 menos que la vivienda de Pablo, según se refleja en los informes a los que ha tenido acceso este rotativo. Un precio, curiosamente, muy similar al que la tasación de la inmobiliaria había asignado previamente a su propio piso.
Varios detalles llamaron la atención del protagonista de esta historia al comparar ambas tasaciones. En la tasación de su vivienda la categoría de calle aparece como “principal” y en la otra, “de tercer orden”, siendo la misma. Su piso es de 1961, dos años más antiguo, y de similar construcción, pero le dan calidad “media” y no baja, como al de su vecino. La carpintería exterior de la casa de Pablo es de madera, de peor calidad, y la de la otra de aluminio. Su piso tiene menos metros cuadrados útiles, 49 frente a 55, y al realizar el análisis de mercado los intervalos de precios que le asignan son más altos que los del otro.
En relación a los pisos cercanos, a la vivienda de Pablo le asignaron un precio de 2.220,85 euros el metro cuadrado, por los 1.325,87 de su vecino. Ante semejante “vergüenza”, el inquilino se dirigió tanto a su entidad financiera como a la empresa de tasación con la que trabaja para que le diesen alguna explicación. “Estuve más de un mes detrás de ellos”, lamenta Pablo, que finalmente sí que fue contestado vía e-mailpor su entidad financiera, a la que también había respondido previamente por correo electrónico la firma de tasación.
“tasadores diferentes” En su respuesta, la empresa alegó que los informes fueron realizados “por dos tasadores diferentes”, y que como consecuencia “es difícil que se coincida en las valoraciones”, e hizo alusión a varios “datos objetivos”, como que la vivienda de Pablo se encuentra reformada con ascensor a cota 0, que “es mejor un tercer piso que un segundo”, que la vivienda del denunciante “da hacia un patio mucho más grande” o que difiere la finalidad de la tasación, la de Pablo para “valoración de patrimonio” y la otra para “garantía hipotecaria”, pese a que en el fondo era la misma. “Esto obliga a cierta reserva en los valores dados a la baja para salvaguardar del hecho de que en la situación actual de mercado, el activo se puede depreciar a corto-medio plazo”, alegó la empresa de tasación. Razones que no convencieron en absoluto a Pablo, que contactó con distintos colectivos de consumidores para trasladar su caso y también decidió cancelar sus cuentas en la entidad financiera.
Una de estas organizaciones le advirtió de que observaba “cosas raras” en su caso, pero las posibilidades de actuar una vez formalizada su hipoteca se reducían a realizar una nueva tasación, y por tanto volver a pagar más de 200 euros, o ir a juicio, lo que implicaría “más gasto y más tiempo”. “Me ha jodido bastante porque son 30.000 euros de diferencia. Si lo miras fríamente, es un año y medio o dos de trabajo”, censura el denunciante, quien también duda de la honestidad de su entidad financiera, “responsable indirecta” de esta situación.
No es la primera vez que alguna voz pone en entredicho la labor de las empresas de tasación. Asociaciones de consumidores y usuarios, intermediarios y consultores inmobiliarios y financieros ya han denunciado en más de una ocasión que estas firmas tienden a inflar el valor de los pisos en favor de la banca, ya que son “juez y parte” de un mismo negocio. Una práctica habitual durante la burbuja inmobiliaria, que llevaba a incrementar hasta en un 20% las tasaciones respecto al valor real del mercado según fuentes del sector consultadas por DNA, pero que lejos de aplacarse con el tiempo sigue llevándose a cabo.
Desde Adicae, la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, también corroboran esta realidad. “La tasación acaba siendo una doble losa para el consumidor. Primero por firmarse sobrevalorada y después por no actualizarse a su precio real de mercado”, advierten fuentes de este colectivo consultadas. Una losa, además, que se ha cebado en los últimos años con los consumidores “que peor lo están pasando”.
Pese al pinchazo de la burbuja, los abusos por malas prácticas en tasaciones realizadas por bancos “han vuelto a aumentar”, atendiendo a la Memoria de Reclamaciones del Banco de España, que fue publicada hace sólo unos días. “Confirma esta tendencia que incluso podría ser superior, ya que el Banco de España sólo recoge una anecdótica parte de los abusos bancarios debido al deficitario sistema de reclamación extrajudicial que existe en España”, censura Adicae.
Según advierte este colectivo, uno de los abusos “habituales” es que los bancos no suelen informar al consumidor de que él puede elegir la empresa de tasación en lugar de la que siempre trabaja con su caja o banco y que, “como se ha demostrado, tasa en su beneficio”. “Los bancos han rizado el rizo del abuso cuando han querido cobrar al consumidor un gasto adicional por las comprobaciones que el banco ha realizado sobre la tasación que ha aportado el cliente por su cuenta”, denuncia Adicae, una reflexión que encaja como anillo al dedo en la historia de Pablo.
Otro abuso “del que no se habla” contempla que el valor de tasación de una vivienda cuando se lleva a cabo una ejecución hipotecaría es el pactado previamente en la escritura pública, por lo que la valoración no se actualiza a la baja en un momento tan complicado para el consumidor como un posible desahucio. “Mientras que la vivienda ha perdido en el mercado un 30% o un 40% de su valor según la tasación de escritura, la ejecución se realiza en función de ese valor que quedó reflejado en la tasación original, a sabiendas de que casi siempre fueron precios inflados por las tasadoras en beneficio de los bancos”, denuncia Adicae. “La unión de empresas de tasación y bancos es conocida”, insiste el colectivo, ya que hasta el 44% de estas firmas han sido propiedad o han estado controladas por los bancos en algún momento.
Por su parte, el colectivo de consumidores de referencia en el ámbito vasco, EKA/OCUV “no tiene constancia” de casos similares al protagonizado por Pablo, pese a que la relación de los bancos y las cajas de ahorros con sus usuarios durante la crisis económica sí que ha dado pie a “múltiples reclamaciones”. Pablo, que ha decidido no tomar más medidas, al menos quiere lanzar una advertencia a todo el que tenga que pasar por un trance similar: “Por lo menos quería denunciarlo públicamente. Que la gente no se fíe de lo que les dicen las tasadoras, porque lo hacen todo a huevo”, censura.
