la sombra de la reapertura de Garoña parece mucho más alargada estos días tras conocerse dos recientes decisiones del Gobierno central y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), respectivamente. La primera, el visto bueno al almacén temporal de residuos nucleares que pretende instalarse dentro de la propia central. La segunda, el respaldo a la incorporación de distintas mejoras técnicas como paso previo a la prolongación de la vida útil de la planta hasta el año 2031. Ambas instituciones tendrán la última palabra sobre el hipotético reenganche de Garoña a la red eléctrica, pero su puesta en funcionamiento, al menos sobre el papel, entra ya en los planes más inmediatos del Partido Popular, más allá de que siempre se haya mostrado partidario de ello, a expensas de que repita al frente del ejecutivo español.
Así queda reflejado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Planificación del Sector Eléctrico 2015-2020, una suerte de hoja de ruta del sistema energético estatal que incluye una proyección sobre la evolución del consumo de luz y que delimita también las modificaciones que, según el propio Gobierno central, necesitará el parque eléctrico a lo largo de los próximos años. El documento, firmado por la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, da por hecho en varias ocasiones que Garoña volverá a estar operativa a partir del próximo 2016, y contabiliza también su posible aportación al mix energético para dibujar sus previsiones.
Pese a que el plan aboga por un incremento de la potencia renovable de aquí al final de la presente década para cumplir con los objetivos de generación de energía verde que impone la Comisión Europea, también apuesta por mantener un escenario muy similar al actual en lo que a las nucleares se refiere. “Se mantiene la potencia actual, considerando la puesta en servicio de nuevo de la central de Santa María de Garoña en 2016”, apunta el documento en su epígrafe alusivo al Consumo de energía primaria y final.
Más explícita incluso se muestra el área que dirige el popular José Manuel Soria cuando hace alusión al horizonte cercano que le aguarda a la estructura de generación energética. “Se mantiene la potencia actual, con la salvedad de la puesta en servicio de Santa María de Garoña, que reanuda su funcionamiento en 2016”, asegura su informe literalmente. Una previsión que, paradójicamente, acompaña a su intención de proseguir con esa “transformación” del sector, que ya cuenta con un recorrido previo, y que pasaría por “aumentar el predominio de las energías renovables y del gas natural, frente al carbón y la energía nuclear, con una mejora significativa de la eficiencia asociada en términos de energía primaria”. Cabe recordar que Garoña se encuentra paralizada desde el 16 de diciembre de 2012 y en situación administrativa de cese de actividad desde el 6 de julio de 2013. De ser finalmente aceptada, la renovación de la licencia de explotación prolongaría la vida de la central hasta los 61 años, algo nunca visto en el parque nuclear español.
impacto fiscal Al menos sobre el papel, Industria da por válida la reapertura de la instalación atómica, cuyo apagado fue decidido por Iberdrola y Endesa, las firmas propietarias de Nuclenor, para evitar el impacto fiscal de los nuevos impuestos al sector, que entraban en vigor el 1 de enero de 2013. Un momento en el que la tensión entre el lobby nuclear y el Gobierno central alcanzaba máximos históricos por los constantes cambios regulatorios, entre los que se incluyeron recortes en la retribución regulada del conjunto de los agentes del sistema y un aumento fiscal sobre la generación de energía y los residuos radiactivos.
Muchos celebraron entonces el cierre de Garoña, lo dieron por hecho, pero los acontecimientos apuntan a una marcha atrás que pocos entienden ya en el territorio alavés, donde sólo el PP no ha mostrado un rechazo sólido y unánime en sus filas a la reapertura de la planta. La formación conservadora volvió a quedar retratada este pasado domingo durante el Pleno tradicional de noviembre celebrado en las Juntas Generales, donde se exigió una vez más al Gobierno central el cierre “definitivo, incondicional e inmediato” de la central nuclear. La Cámara foral también acordó solicitar el amparo de la Comisión Europea para que impida la concesión de una hipotética licencia de reapertura, medida que reedita otra similar tomada recientemente por el Parlamento Vasco.
Todo ello sucedió con el apoyo de todas las formaciones políticas representadas en el legislativo provincial, PNV, EH Bildu, Podemos, PSE-EE, Irabazi y Ciudadanos, salvo los populares, que volvieron a evidenciar su falta de sintonía con la mayoría social alavesa. La plataforma Araba sin Garoña, por su parte, ha convocado una manifestación para el próximo sábado 19, en plena jornada de reflexión de las elecciones generales, para rechazar la posible reapertura de la central nuclear, una más de las decenas de marchas contra Garoña que se han sucedido a lo largo de las últimos años.
La suavización de los cambios normativos por parte del Ministerio de Industria, que suprimió el efecto retroactivo del nuevo tributo a los residuos nucleares, y el acercamiento entre Nuclenor y el ejecutivo derivaron finalmente en la solicitud por parte de Endesa e Iberdrola del nuevo permiso de operación para Garoña, que según el propio Informe de Sostenibilidad Ambiental del Sector Eléctrico cuenta con una potencia nuclear instalada de sólo 466 megavatios, equivalente a un 0,4% de la potencia de generación total del sistema eléctrico. Menos de la mitad que cualquiera de las otras seis centrales nucleares activas en el Estado. Y con otra gran diferencia, que todas entraron en funcionamiento en los años 80 y no se enfrentan a la renovación de sus licencias hasta la próxima década.
Un sistema, el de Garoña, que padece además de una enorme sobrecapacidad por la caída del consumo energético en los últimos años y el continuo crecimiento de las inversiones con cargo al recibo de la luz.
Trabas de la Justicia. Este diario publicó en la edición de ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado un recurso de la propietaria de la central de Garoña (Nuclenor) y da la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que estableció que la planta no puede devolver al Ebro el agua que utiliza en su refrigeración a más de 30 grados, por lo que tendrá que construir una torre de refrigeración, infraestructura que requerirá de una inversión que podría alcanzar los 20 millones de euros.
