Vitoria - Aquel “todo queda atado y bien atado” que acuñó con desacierto el Generalísimo va a acabar siendo la expresión perfecta para retratar el devenir de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. El Consejo de Seguridad Nuclear, un órgano independiente de la Administración en su definición, formado en la práctica por tres miembros del PP y dos del PSOE, ha aprobado ya un informe clave para la reapertura de la planta burgalesa, del que no se había conocido su existencia hasta ayer: el dictamen de la dirección técnica del CSN sobre las obras de mejora exigidas en la vasija del reactor, que, como cabía esperar, ha sido favorable. La propia empresa dueña de la instalación, Nuclenor, había reconocido hace apenas diez días a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA que daba por hecho que obtendría el visto bueno de esa intervención, una de las muchas que se le pidió hacer tras su petición para volver a operar, y que con eso bastaría para que el proceso administrativo continuara su curso y culminara con el permiso definitivo para poder funcionar de nuevo hasta el año 2031.
El último movimiento del CSN evidencia que Nuclenor -formada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- sabía lo que se decía y, sobre todo, que hay muchísima prisa por llegar a meta. Puede que demasiada. Fue el día 2, festivo en Castilla y León, cuando fuentes oficiales de Garoña aseguraron a DNA que estaban “a punto” de enviar todos los datos relativos a la intervención de la vasija. Información que se publicó tal cual y no fue corregida a posteriori. Y fue el día 4, sólo 48 horas más tarde, cuando se celebró el Pleno en el que los representantes políticos del Consejo de Seguridad Nuclear aprobaron con cuatro votos a favor y uno en contra -el de la socialista Cristina Narbona- el informe técnico que daba el espaldarazo a los datos de Nuclenor. Sprint digno de los mejores velocistas que acrecientan la sensación de que la intención de fondo de quienes tienen en sus manos el futuro de la planta es que la autorización para su reapertura llegue en diciembre, de manera previa a las elecciones generales, ante la eventualidad de que un nuevo ejecutivo pudiera echarla atrás. Tanto el PSOE, como Ciudadanos y Podemos se han comprometido a cerrarla para siempre.
Y aun así, en el PP siguen insistiendo en que el CSN no sufre injerencias de ningún partido y que si las hay vienen del lado de los antinucleares. En el acta del Pleno, el consejero Castelló Boronat arremete contra el voto en contra de Narbona por considerar que “introduce elementos de debate ajenos y sesgados por debates políticos”, mientras que el presidente, Fernando Marti Scharfhausen, exsecretario de Estado de Energía con el PP, le acusa de “menoscabar la credibilidad de este organismo regulador”. Todo esto lo dicen porque la socialista ha vuelto a denunciar que el ente del que forma parte “continúa sin aclarar ni debatir técnica y jurídicamente las implicaciones de la solicitud cursada por Nuclenor, a pesar de que se trata de una circunstancia inédita en la historia del CSN” Se refiere al hecho de que haya pedido que el reactor opere hasta los 60 años de explotación comercial, cuando ninguna planta ha superado los 40, y a que nadie se cuestione que quiera prolongar su vida útil por otros 17 años, cuando las renovaciones siempre se han concedido para un margen de diez, no más.
Por eso Narbona no se cansa de reiterar que, antes de seguir con el proceso de evaluación de la planta, habría que aclarar todas esas implicaciones técnicas. Es la única consejera que lo piensa, pues hasta su colega socialista apoyó el informe de la vasija, pero no la única integrante del CSN que ha decidido romper con el posicionamiento mayoritario. Un grupo de técnicos acusó esta misma semana a la dirección de presionar a los trabajadores en los tiempos con “plazos marcados por intereses ajenos, elecciones, opinión pública y otras variables políticas” y de privarles de “los medios necesarios para exigir en tiempo y forma la información requerida a los titulares de las centrales nucleares”.
Y como las noticias -buenas o malas, según se mire- nunca llegan solas, ayer también se supo que el Gobierno central ha decidido estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la decisión de anular el plan de ordenación municipal de Villar de Cañas, la localidad donde estaba prevista la construcción de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares. La polémica afecta a Álava, porque la intención era que Garoña acogiera uno temporal mientras duraran las obras. De hecho, el 9 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicó el estudio del impacto ambiental favorable. Ahora, está por ver qué pasará, tanto con el depósito como con toda la central. Ni la Bella Durmiente dio tanta guerra en tres años.
