en Bideberria, el centro de menores extranjeros no acompañados de la Diputación Foral de Álava, más de un tercio de los trabajadores se encuentran de baja por estrés o ansiedad. “Y de los que estamos trabajando muchos estamos medicados y con control médico y psicológico”, expone uno de los educadores del hogar. Tras denunciar en este periódico la situación de colapso absoluto que vive el hogar ubicado junto al parque de Molinuevo, donde residen 32 jóvenes menores de edad, educadores y cuidadores continúan intentando que el Ejecutivo de Javier de Andrés, con la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, se animen a tomar cartas en el asunto.
“Son muy conscientes de lo que estamos viviendo y no hacen nada para solucionarlo. Miran para otro lado”, critican los trabajadores, que se han unido para elaborar de su puño y letra un exhaustivo informe sobre el descontrol que se vive en el hogar, que según apuntan ha sido tomado por los menores. El título del documento, al que ha tenido acceso este diario, es tan directo como elocuente: “No podemos más”. A punto de cumplirse un año desde que la Diputación despidiera a 17 de los 53 trabajadores, donde se acoge a los chicos y chicas extranjeros no acompañados que llegan a Vitoria durante el año, los 36 empleados, un 33% menos de la plantilla que existía hace un año -aunque el número de menores no ha descendido- sufren diariamente las agresiones, amenazas y ataques de unos jóvenes que, tras los recortes forales y sin los medios adecuados, “se han hecho con el control del centro”, hasta el punto de tener en su poder las llaves de un hogar que vive en un estado de sitio jornada a jornada.
No es, sin embargo, el único centro de menores de Álava que se ha visto abocado a una situación similar, pues el hogar Sansoheta, en el municipio alavés de Arrazua-Ubarrundia, donde residen unos treinta chavales a cargo de unos cuarenta trabajadores, sufrió recientemente un motín que obligó a la Ertzaintza a acudir con celeridad a controlar a los jóvenes.
Mientras tanto, en Bideberria, cuya gestión fue adjudicada el año pasado por la Diputación a la empresa Urgatzi, la violencia contra los educadores y entre los propios chavales es una constante, convirtiendo el hogar en un campo de batalla con los menores, de entre 12 y 18 años, campando a sus anchas bajo lo que los trabajadores consideran un exceso de permisividad por parte de la contrata foral. Todo al tiempo que el Departamento de Servicios Sociales, al que los propios educadores han hecho llegar informes detallando los problemas, se desentiende completamente de los problemas que están surgiendo.
“A pesar de la gravedad de los sucesos del centro, recogidos en los informes de incidencias, nos sorprende la pasividad que tienen al respecto, tanto por parte del Área de Menores y Familia de la Diputación (AMF) , del que dependemos, como de la propia empresa”, explican los educadores en su documento de denuncia, donde además llegan a asegurar que “se tiene constancia de la manipulación de los informes para rebajar sustancialmente la gravedad de los mismos, y no sabemos realmente cuántos llegan al AMF”.
robo de material peligroso Además de los episodios de agresiones relatados a este periódico previamente por los trabajadores, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, con educadoras encerradas bajo llave en una habitación y los menores tirando la puerta abajo de una patada para agredirlas, el informe elaborado por los empleados relata cómo los jóvenes, al no recibir castigo por sus acciones, reinan entre sus paredes bajo una coacción constante que los cuidadores, 17 menos que hace un año, no pueden controlar y gestionar.
“El consumo de alcohol, estupefacientes y disolvente ha ido en aumento. Agreden al equipo educativo, a otros menores, o se producen autoagresiones y destrozos en el centro, que se encuentra en un estado deplorable, ante situaciones de negación de sus exigencias”, enumeran en Bideberria, donde además se están produciendo robos “de material punzante que se encuentra en el almacén, como destornilladores y tornillos largos”, y los propios cuidadores se están encargando de retirar de la casa objetos como “las tapas de los inodoros o las barras del interior de las taquillas y percheros”.
Pero el problema no se circunscribe únicamente a la violencia de los menores contra los educadores o la libertad con la que actúan en su día a día. Cuando en mayo de 2014 la Diputación decidió prescindir de un tercio de la plantilla, la mayoría cuidadores encargados de controlar el centro y evitar que los jóvenes arremetieran contra sus educadores, los empleados que evitaron el despido ya adelantaron que la lista de recortes forales sería mortal de necesidad para el día a día en el centro.
La nueva metodología de trabajo con los llamados menas (menores extranjeros no acompañados) que trajo consigo Urgatzi, la nueva adjudicataria, provocó con el tiempo un desencuentro entre educadores y empresa, según aseveran los primeros. La contrata, a la que este periódico ha ofrecido aportar su versión de los hechos pero no ha obtenido respuesta, “hace caso omiso”, en palabras de los trabajadores, ante las constantes denuncias por los conflictos que asolan el hogar.
embarazada “La empresa achaca nuestras quejas a un intento de boicot al proyecto y a la propia empresa”, sostienen. En febrero se produjo un cambio de responsable del centro, pero tras el relevo la metodología de trabajo en Bideberria “nos deja en evidencia a los trabajadores frente a los menores, restándonos capacidad de maniobra y perdida de autoridad, negociando con los menores para salvar cada momento concreto pero agravando la situación”. En su informe, los educadores y cuidadores denuncian que la firma de servicios sociales “llegó a contratar a una mujer embarazada de cinco meses para realizar las labores de auxiliar” en el centro, un trabajo en el que “es la primera persona que tiene que intervenir en caso de que sea necesaria una interposición a un menor”, es decir, contener al joven tirándolo al suelo y sujetándolo para evitar que agreda a otro o inicie una pelea. Para intentar que las agresiones no fueran a más, la empresa decidió colocar cámaras de seguridad para vigilar el centro.
“Estamos peor que hace siete años, cuando el centro se encontraba en el edificio de la Cruz Roja. Tras los problemas que hubo allí se cambió el modelo y funcionó, pero hemos vuelto a la misma situación. Para los chavales más libertad en el centro implica más libertad en la calle. Nosotros queremos seguir haciendo nuestro trabajo, pero así no podemos”, concluye uno de los educadores, recordando el conflicto que se produjo en 2008 en Zabaltzen, el hogar para menas de la Diputación, donde la conflictividad y la saturación por el excesivo número de jóvenes acogidos, entre otras cosas, llevó a su cierre en 2010.
Ahora, con unos chavales “totalmente desmadrados porque se les ha permitido llegar a este punto” -“varios han acabado expulsados de sus centros formativos, otros han estado a punto de serlo pero la Diputación a través del Área del Menor y la Familia lo ha evitado”-, se están produciendo situaciones nunca vistas, como “menores que han tenido que ser derivados de Bideberria a otros centros, algo que en años anteriores nunca había sucedido”.
Con un tercio de la plantilla de baja por ansiedad y estrés, un vecindario que asiste a continuos problemas en la casa y una Diputación que mira hacia otro lado mientras presume electoralmente de su departamento de Servicios Sociales, los educadores de Bideberria solicitan “un cambio radical” para evitar que el hogar acabe implosionando definitivamente.
