DONOSTIA. En el decreto por el que se archivan estas diligencias de investigación, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, subraya que existen dos versiones contradictorias sobre los hechos, por lo que "no pueden darse por probadas" las palabras que, según el denunciante, le dijo el alcalde, y no puede incoarse proceso penal por delito o falta.
No obstante, el fiscal considera "llamativo" que un ciudadano se vea sometido a una identificación y a una posible multa cuando va caminando por una céntrica calle de su ciudad.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal añade: "No parece que dirigir presuntamente esas palabras a un ciudadano sea la actuación más acorde a la función de un alcalde, que al fin y al cabo es el alcalde de todos los vitorianos, compartan o no sus ideas".
Según la versión del denunciante, de 51 años y residente en Gasteiz, los hechos ocurrieron el domingo 8 de marzo cuando paseaba por la plaza del Arca de la capital alavesa, donde estaba instalada una mesa de "Ayudas+Justas".
Esta plataforma desarrolla una campaña, con el apoyo expreso de Javier Maroto y del PP vasco, para recabar al menos 30.000 firmas con el fin de cambiar la legislación y endurecer el acceso a las ayudas sociales.
En ese momento, una chica se le acercó con un documento y le preguntó si quería firmarlo para apoyar la campaña.
"Yo le dije: No te firmo porque esto es una campaña seccionada (quiso decir sesgada) e induce al racismo", aseguró el denunciante.
Cuando ya se iba a alejar del lugar, se dio cuenta de que alguien le llamaba y, al girarse, vio que se trataba de Maroto, quien no se identificó como regidor, pero a quien ya conocía, que le preguntó: "¿Qué le has dicho a mi compañera?".
El ciudadano le respondió: "Lo mismo que te digo a ti. Que no he firmado porque es una campaña sesgada y que induce al racismo".
En ese momento, según su relato, el alcalde le puso la mano en el hombro y le dijo: "Majo, te van a caer 350 euros de multa. Ya verás que bien te sientan...".
Posteriormente fue identificado por un policía municipal, quien le llamó a su móvil horas más tarde y le advirtió de que había estado "a punto de cruzar una línea roja" y que, una vez instruidas las correspondientes diligencias, en el plazo de tres semanas se le notificaría si se archivaban o daban lugar a alguna sanción.
Ante esta situación, el afectado decidió "no esperar tres semanas" al resultado de estas diligencias y acudió a SOS Racismo.
Tras conocer la presentación de la denuncia, Maroto aseguró que los hechos narrados por esta persona "no se ajustan a la realidad" porque no amenazó a nadie por negarse a apoyar a "Ayudas+justas" y que, en cambio, él y otras personas de esta plataforma recibieron insultos como "racistas o xenófobos".
También consideró que si el denunciante ha utilizado a SOS Racismo para interponer una demanda en su contra supone "más de lo mismo y comienza a aburrir".
En su decreto, el fiscal considera que, incluso si fuera cierto que el alcalde le dijo al denunciante que le iban a imponer una multa, "es difícil encajar estos hechos en algún tipo penal".
Juan Ramón Arrázola tiene derecho a reiterar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Gasteiz, según recuerda el fiscal en su escrito.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha ocupado de este caso porque Maroto es aforado, ya que además de alcalde de Gasteiz es parlamentario vasco.
