vitoria - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 98,2 millones de euros a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, a otras treinta empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el país. En su resolución, la Comisión considera acreditado que los sancionados llevaron a cabo entre los años 2000 y 2013 una “práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial”. En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, acordando no presentarse si las condiciones “no se ajustaban a sus intereses”.

El organismo que preside José María Marín Quemada detectó la posible existencia de estos acuerdos a raíz de una investigación sobre gestión de residuos sanitarios en 2012.

En el marco de la instrucción, sus inspectores han recabado documentación y correos electrónicos en los que se prueba la existencia de contactos entre las empresas sobre la intención de presentarse o no a un contrato, o en la que se preguntan sobre si determinado cliente pertenece a determinada empresa.

Entre estos pactos, el regulador señala al suscrito entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir juntos a todos los contratos que surgieran en el país para construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos.

También detecta que FCC, Ferrovial y ACS acordaron repartirse el contrato de limpieza viaria y jardinería del Ayuntamiento de Madrid, y que actuaron de forma conjunta ante el de residuos urbanos de la periferia de la capital. Asimismo, señala acuerdos de Urbaser (ACS) con varias firmas en el País Vasco, y de esta empresa y FCC en 2010 para pujar por todos los contratos de Málaga, Ceuta y Melilla.

Durante la investigación, la CNMC no encontró ningún supuesto de delito penal que tuviera que ser trasladado a la Fiscalía, y tampoco empresa alguna que decidiera acoger al programa de clemencia, por el que el regulador exime de multa a las firmas que colaboran con la investigación. - E.P.