los abusos sexuales a menores, una de las expresiones más monstruosas del comportamiento humano, traen aparejado un daño sobre las víctimas que va más allá de los planos físico o psicológico, algo que parece una obviedad pero que no suele tenerse lo suficientemente en cuenta en todos los casos. Se trata, en concreto, de unas secuelas sociales que pueden ser irreparables para estas víctimas, fundamentalmente niñas, y que por desgracia tienden a ser olvidadas, tanto en la valoración jurídica de los efectos de los abusos como en la recuperación posterior de quien los sufre, en su sanación, “inconcebible en ausencia de un apoyo social” que complemente a una recuperación psíquica o psicológica.
Así lo entiende la investigadora vallisoletana, aunque gasteiztarra de adopción, Marta Simón, trabajadora social del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) en la capital alavesa y también profesora asociada de la Escuela de Trabajo Social de la UPV. Simón acaba de publicar un extenso informe que puede ayudar a tapar algunos de los agujeros todavía existentes en este ámbito, tanto a nivel judicial como en lo que atiene a la plena recuperación de las víctimas de los abusos. Se trata de Bases teóricas y metodológicas del Trabajo Social Forense para la evaluación de lesiones y secuelas sociales del abuso sexual a menores, un estudio que ofrece unas interesantes claves para guiar a los profesionales sociales del ámbito forense, pero también de la propia judicatura.
En sus conclusiones, Simón apunta que tanto las agresiones como los abusos sexuales a menores tienen “una clara dimensión social” y generan en la víctima una ruptura de su contexto social y familiar, debido a la dificultad de asimilar lo ocurrido y a las consecuencias que estos hechos violentos generan en su entorno. La víctima ve afectada su capacidad de vinculación con los demás, “con su familia, con sus iguales y, en definitiva, con todo su mundo conocido”, y ve golpeado “su ideario social y su sistema de valores y creencias, que se transforman por la imposición de las representaciones propias del abusador, por la sensación de injusticia, culpa y vergüenza ante los demás, por la angustia y el miedo a no ser creída ni por la familia y posteriormente en el juzgado, y por los graves impactos en su desarrollo que le supone vivir en un mundo violento e inseguro donde nada es como parece”.
El informe, disponible en la web del Gobierno Vasco y cuya primera edición se imprimió el pasado noviembre, se basa en el análisis cualitativo de ochos casos de abuso sexual valorados en el IMVL de Gasteiz a otras tantas niñas y mujeres de entre nueve y 25 años, fundamentalmente menores. De forma general, ellas son víctimas de forma mucho más habitual que ellos. Simón, después de entrevistar a las víctimas para acercarse con mayores garantías a la evaluación forense y al daño social padecido, concluye que “al igual que el abuso produce lesión y secuela psíquica y/o psicológica, es posible identificar asimismo la existencia de lesión y secuela social”. Vulnerabilidad a raíz del abuso, desventaja social a largo plazo o una ruptura permanente en la interacción de la víctima con uno o más de sus sistemas de apoyo social, “absolutamente necesarios para su desarrollo integral”, son algunas de sus consecuencias.
La respuesta “La respuesta que ofrece el trabajo social forense para evaluar, explicar y dar su lugar al daño que se origina en los vínculos afectivos, sociales y relacionales de las menores abusadas sexualmente es crucial. Considerar este tipo de daño supone abordar las consecuencias y factores de protección que inciden en el posterior desarrollo de la víctima. Las personas menores, especialmente por sus características evolutivas, se nutren de una red de apoyo social que les permite un desarrollo sano”, advierte la investigadora en su informe. La ruptura de esa red es, precisamente, la causa principal de ese daño social.
Pese a que el trabajo incide sobre todo en los aspectos cualitativos de la valoración, todo lo que tiene que ver con la intervención sobre las víctimas en el ámbito forense, también recoge varios datos cuantitativos que justifican la necesidad de tomarse en serio la consideración del daño social sobre las víctimas. No en vano, la llamada Unidad de Valoración Forense Integral (UVIF) a la que está adscrita Simón en el IVML ha visto en los últimos años un incremento sustancial de valoraciones de casos de agresiones y abusos sexuales, tanto a menores como a mayores de edad. Esto no supone necesariamente que haya más casos, sino que se denuncian más. En 2013, por ejemplo, fueron 20, por los cuatro de 2009.
La investigadora concluye que el trabajo social forense debería integrar en la intervención, más allá de a la propia víctima, a su comunidad de referencia, a su familia, amistades, relaciones de estudio o trabajo, sin perder nunca de vista que las menores son “el centro” de la intervención. “Conjuntamente, víctimas y profesionales del trabajo social forense podremos transformar su mundo y el nuestro”, advierte Simón.
“La existencia de esta red en el caso de las personas menores abusadas puede resultar determinante para la superación o no del hecho traumático que supone el abuso. La experiencia e investigación corrobora que estas redes de apoyo también sufren un daño como consecuencia de un abuso. Por consiguiente ha de evaluarse como parte de las lesiones o secuelas sociales del mismo”, zanja.
