el 28 de diciembre de 2004 entraba en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado la llamada Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Un par de meses antes, el 8 de octubre de ese mismo año, el Congreso de los diputados aprobaba por unanimidad, con 320 votos a favor, plasmando la que durante las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero anunció que, de salir vencedor, sería su primera iniciativa parlamentaria. Pese al voto en color verde de la totalidad de los diputados, durante el debate previo surgieron algunas voces que mostraban sus dudas sobre si la nueva legislación serviría realmente para combatir la violencia machista, y debate se centró durante mucho tiempo en el agravamiento del castigo en casos de malos tratos, amenazas y coacciones de la pareja si la víctima era la mujer.
Finalmente se añadió también un segundo supuesto, en el caso de que la víctima, ya fuera hombre o mujer, fuera una persona calificada como “especialmente vulnerable”. Sea como fuere, a punto de cumplirse diez años de su implantación, el mes pasado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la ahora en plena actualidad Ana Mato, anunciaba que en el Senado su intención de proponer algunos cambios en esta legislación aprovechando el décimo aniversario, pues según apuntó continúa siendo “una asignatura pendiente de la sociedad”.
Una asignatura para la que, por cierto, la ministra ha dedicado este año un 28% menos de presupuesto que en 2013. Frente a los 22.197.000 euros del año pasado, ese curso el Ministerio ha reducido el montante para la prevención de la violencia de género hasta los 21.854.000 euros. Mientras tanto, según datos del Observatorio contra la violencia de género, el número de denuncias ha bajado de 142.125 de hace seis años a 124.893 el año pasado, al tiempo que durante el mismo periodo el porcentaje de mujeres asesinadas que habían presentado denuncias previas ha pasado de un 20% a un 27%. Así las cosas, la efemérides es un buen momento para hacer balance de una Ley que ahora más que nunca sigue estando en boga. “La Ley supuso un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra y dio lugar al despliegue de un sistema, con pretensión de integral, contra la violencia de género, que mejoró notablemente los instrumentos de lucha contra la misma y la protección de las víctimas”, rememora el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que respecto a las nuevas medidas que pretende implantar la ministra Ana Mato entiende que “sería conveniente mejorar los sistemas de coordinación administrativa y las medidas educativas y de sensibilización, sobre todo entre los colectivos más jóvenes”.
A estas alturas del año, Álava acumula casi ochenta denuncias por violencia de género, lo que lleva a preguntarse si se ha producido cierto relajamiento institucional a la hora de combatir la violencia de género. “Desde la perspectiva de la Fiscalía, no sólo no se ha relajado el trabajo sino que es objeto de atención preferente y continua mejora. La red de fiscales especialistas en violencia de género hace un seguimiento exhaustivo y el número de procedimientos de violencia de género que se resuelven a través de juicios rápidos crece año tras año”, explica Josu Izaguirre.
Durante estos diez años han surgido en todo el Estado diferentes asociaciones y colectivos que afectados por la Ley de violencia de género, y precisamente Euskadi acoge uno de los más activos, como el que presiden Jon Gibelondo y Blanca Escaño, que muestran su rechazo a una legislación que consideran discriminatoria para el hombre. “Es una Ley que ha recibido más de 170 enmiendas”, apunta el primero, mientras que Escaño destaca que “lleva a a las mujeres a denunciar para obtener beneficios en cuestiones como la custodia, que en el 90% se acaba otorgando a las mujeres”.
“Con esta Ley es suficiente con que se presenta una denuncia para que el hombre pierda la custodia compartida”, sostienen en esta agrupación, que apuntan también cómo se utiliza un concepto del género incorrecto, desplazando al hombre, y critican que sea la única Ley europea en este ámbito, sobre la que aseveran que “enrarece la convivencia” entre hombres y mujeres más de lo que contribuye a erradicar la violencia.
Por su parte, desde Emakunde, el Instituto Vasco de la mujer, su directora Izaskun Landaida considera en este aniversario de la legislación que “el hecho de que esta materia pasara a ser regulada a través de una Ley orgánica supuso un paso importante para situar la violencia contra las mujeres en la agenda política y social con mayor visibilidad, como un grave problema que incumbe a todas y todos y requiere una respuesta integral y coordinada”. “No debemos olvidar que la violencia contra las mujeres es la manifestación más evidente y cruel de la desigualdad entre mujeres y hombres”, incide Landaida.
“No hay duda de que la aplicación de la ley puede tener deficiencias y es cierto que todavía el reto es la aplicación de la misma en todos sus términos, pero es una ley joven que necesita su tiempo de desarrollo. En general mejora la situación anterior respecto al reconocimiento de los derechos de las víctimas”, concluye.
Según la directora de Emakunde, las mejoras que se van a implantar en la legislación “deberían de hacerse teniendo siempre muy presente el objetivo de la norma, que es arrancar de raíz la violencia asociada a la discriminación contra las mujeres”.
“un hito trascendental” En Vitoria, una de las referencias en el ámbito del feminismo es sin duda el Forum María de Maeztu, que el pasado año cumplió un cuarto de siglo de lucha en Gasteiz. Una de sus representantes, la profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Miren Ortubay, apuesta por separar en este aniversario de la Ley entre la propia legislación y su puesta en práctica.
“La Ley supuso un hito trascendental, sobre todo por el cambio de enfoque que supuso. Por primera vez se reconocía la especificidad de la violencia sexista, tratando de separarla de otro problema, igualmente grave pero diferente, que es la violencia intrafamiliar. La ley reconoce también que la violencia contra las mujeres es un problema con profundas raíces culturales, y asume que los poderes públicos tienen obligación de dar una respuesta. Se pasa de un enfoque asistencialista -“¡pobres víctimas!”- al reconocimiento de que las mujeres que han sufrido violencia tienen derechos que pueden exigir a las instituciones”, valora Ortubay, que sin embargo considera que “la aplicación de la Ley ha defraudado muchas expectativas”.
“Por ejemplo, concede demasiado protagonismo a la tutela penal. Es necesario interponer una denuncia y conseguir una condena para acceder a muchos de los derechos establecidos. Por otro lado, aunque ha habido un avance hacia la igualdad, todavía persisten profundos estereotipos sexistas, que se manifiestan en las personas que tienen que aplicar la ley. La formación de los profesionales de la judicatura, de la policía o de la sanidad ha sido muy insuficiente”, considera antes de mostrar su preocupación por los cambios que se puedan plantear en el futuro.
“En este país hay una preocupante afición a tratar de solucionar los problemas sociales cambiando la letra de la ley. Lo que hay que hacer es aplicar las leyes en su totalidad y evaluar los efectos que producen”, incide antes de considerar que la reducción del 28% en el presupuesto de Igualdad en 2014 “es una de las razones por las que está habiendo un retroceso en la efectividad de la Ley”. “Además creo que hay cierta reacción social, cierto resurgir de los mitos más machistas sobre las mujeres -son mentirosas y denuncian en falso, no saben lo que quieren y se contradicen, etc.- que están llevando a mirarlas con desconfianza cuando se atreven a denunciar”, concluye Miren Ortubay.
