Vitoria - Tras Cantabria, la prohibición de la ley antifracking llega también a La Rioja. El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad de esta norma aprobada en junio de 2013 en la comunidad vecina por la que se regulaba la prohibición de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. El pleno del TC adoptó la decisión este pasado viernes en una sentencia fechada el pasado día 22 y ante la que cuatro magistrados emitieron un voto particular de discrepancia.
El fallo alude al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra esta ley riojana que pretendía prohibir el fracking en su territorio. El Ejecutivo y el Parlamento riojanos presentaron alegaciones y pidieron la desestimación de ese recurso de inconstitucionalidad, entre otras razones, por entender que la prohibición es específica y no general, ya que no prohíbe toda suerte de extracciones, sino las que se lleven a cabo con esta concreta técnica minera.
La sentencia señala que la prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de La Rioja contradice de manera “radical e insalvable” la legislación básica estatal. Esta legislación autoriza esta técnica y somete a evaluación ambiental las actividades extractivas que conlleven su empleo, de modo que la Administración que resulte competente en cada caso para autorizar los proyectos que impliquen su utilización, ya sea el Estado o la comunidad autónoma, “deberá efectuar antes la evaluación de impacto ambiental, en la que habrá de hacerse efectivo el principio de precaución”.
A este varapalo a la oposición al fracking, una técnica que sigue amenazando al campo alavés, se ha sumado también la decisión del Gobierno central de recurrir ante el propio TC la ley navarra que prohíbe la fractura hidráulica en el territorio foral. Según el Ejecutivo central, la prohibición de la ley navarra vulnera la normativa básica del Estado, ya que la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998 establece que corresponde a la Administración general del Estado conceder las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma.
La ley foral prohíbe de forma “absoluta” la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica, lo que según el Gobierno constituye una invasión de las competencias estatales.
El Gobierno central recuerda que estas argumentaciones están sustentadas en la sentencia del TC que anuló la ley de Cantabria que regulaba la prohibición del fracking en este territorio.- Efe/DNA
