maría Ángeles Gil tiene 50 años y debido a su difícil situación económica percibe la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Lógicamente se encuentra desempleada y, a pesar de que nunca ha dejado de buscar trabajo de forma activa, "echando currículums por todos los lados", no logra una estabilidad que le permita vivir tranquila. Una situación de precariedad a la que se le acaba de sumar otro problema, si cabe más grave. La Delegación Territorial de Vivienda acaba de comunicarle que el próximo 2 de octubre quedará extinguido su contrato de alquiler social con Alokabide y deberá abandonar el piso en el que reside desde el año 2005 en el barrio de Abetxuko.
Se siente "engañada", ya que cuando recibió las llaves de su casa con la presencia del entonces alcalde de Gasteiz, Alfonso Alonso, tanto a ella como al resto de beneficiarios, algunos de ellos de edad avanzada, se les garantizó que no tendrían problemas para permanecer en sus viviendas durante años si pagaban sus cuotas y no causaban molestias al vecindario. Éstas son, de hecho, las dos causas fundamentales que Alokabide se reserva para extinguir los contratos de alquiler que formaliza. Pero Mari, que así la conocen en el barrio, niega tener retrasos o problemas con nadie. De hecho, pronto iniciará una recogida de firmas de apoyo en Abetxuko para paralizar este proceso.
Fuentes del Departamento vasco de Empleo y Asuntos Sociales, del que depende el servicio público de alquiler, matizaron ayer que "sólo en casos excepcionales" se ejecutan desahucios en pisos de Alokabide y que "cada situación se trata con absoluta delicadeza". Aunque sin conocer a fondo el caso particular de Gil, los mismos medios entienden que estas notificaciones de extinción de contrato "no dejan de ser un toque de atención para que el inquilino regularice su situación" y se siente a negociar con Alokabide.
A pesar de la declaración de intenciones del Gobierno Vasco, a esta vecina de Abetxuko no le quitan el miedo del cuerpo. Ya el año pasado se vio envuelta en un procedimiento similar, aunque un juez finalmente dictaminó que tenía derecho a permanecer en su vivienda ante la contradicción de criterios entre la propia delegación de Vivienda y Alokabide.
Por un lado, Lakua le notificó a Mari, al igual que este año, que debía abandonar el piso por extinción de contrato. Por otro, el servicio público de alquiler le mandó un escrito para renovarlo un año más. "No entiendo por qué me quieren echar otra vez, habiendo ganado el juicio el año pasado. Parece un acoso, que van detrás de mí", lamenta Gil. Arturo Val del Olmo, miembro de Kaleratzeak Stop Araba, se muestra muy crítico con la situación generada a Mari y a otros usuarios de Alokabide, lo que ha motivado la presentación de una denuncia por prevaricación contra la viceconsejera de Vivienda, Covadonga Solaguren. "Ya está bien de atornillar a la gente que tiene problemas. La gente está desesperada, buscándose la vida en Cáritas y en el Banco de Alimentos, mendigando, yendo de ventanilla en ventanilla con la dignidad perdida, porque la han perdido en casa", censura Val del Olmo.
contenido de la demanda Precisamente, la plataforma antidesahucios presentó ayer en el Palacio de Justicia de Gasteiz la citada demanda contra Solaguren al entender que no cumple con una Instrucción aprobada por su propio departamento el pasado diciembre para aplicar "medidas excepcionales" en el cálculo de las rentas de alquiler si se dan circunstancias económicas "críticas por causas sobrevenidas". Pese a que este mandato establece que las resoluciones de este tipo deberían ser resueltas por la delegación territorial de Vivienda y podrían ser recurridas ante la propia Solaguren, Kaleratzeak Stop denuncia que "no están firmadas por el delegado territorial ni por ningún otro órgano competente". Además, la demanda recoge que "tampoco se comunica que se puede recurrir ni se argumenta el por qué de la denegación". Una situación que genera "indefensión" en un colectivo "especialmente vulnerable" y que, en definitiva, ha propiciado la apertura de este procedimiento judicial que deberá ser admitido a trámite.
Según los datos recopilados por Kaleratzeak Stop Araba, hasta este mes de junio se han tramitado 453 solicitudes de rentas especiales en la CAV y el 60% de ellas se habrían desestimado. El área de Vivienda, cuestionada por este periódico, declinó realizar valoraciones sobre el paso dado por la plataforma antidesahucios. "Están haciendo lo que quieren. Esta denuncia es fruto de la desesperación que hay, no encontramos un camino para poder discutir estas cosas. Si una mayoría del Parlamento ha dicho que hay que tener en cuenta en los gastos de Vivienda no sólo la renta de alquiler sino los de comunidad, que aumentan un 50% los gastos, que lo hagan", censuró el propio Val del Olmo en alusión a la iniciativa aprobada el pasado 7 de abril en el Parlamento Vasco con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PNV.
María Ángeles Gil secundó también la concentración de protesta de Kaleratzeak Stop frente al Palacio de Justicia tras la presentación de la demanda contra Solaguren. Su caso, según denunció, no es el único, ya que hay "cuatro o cinco" personas más de la misma calle, Arriagana, "con el mismo problema, pagando y cumpliendo sus obligaciones y con la amenaza de quedarse en la calle". "¿Para qué son viviendas sociales como dicen? Eso es mentira, están engañando al pueblo", denunció. "Después de nueve años viviendo en el piso no me voy a ir debajo del puente. Yo no me voy a quedar en la calle, eso está claro", censuró la afectada.
Vivienda insiste en que el caso de Mari puede tener una solución cercana, porque la política de Alokabide y del actual Gobierno Vasco es "llegar hasta el final en cada negociación, sabiendo que hay gente que se ve que no llega". "Es muy difícil que alguien que demuestre una situación de gran necesidad y apuro se le desahucie", insisten los mismos medios, que aluden de nuevo a que los lanzamientos sólo se dan en "casos excepcionales".
Incluido en la demanda. El posible desalojo de la vivienda de María Ángeles Gil también ha sido incluido como prueba en la denuncia presentada ayer contra la viceconsejera Solaguren.
Tres plataformas. La demanda interpuesta, que todavía debe ser admitida a trámite, ha sido suscrita por las plataformas Kaleratzeak Stop Araba y sus colectivos 'hermanos' de Bizkaia y Gipuzkoa. Censuran que el incumplimiento de la instrucción de su propio departamento genera "indefensión".
