Gasteiz. Pagar impuestos es una acción sencilla, aunque se dan casos en los que contribuyentes individuales y empresas se olvidan de hacerlo. Quitar un cero de aquí y ponerlo allí cambia mucho las cosas, y no ponerlo en ningún lado, más todavía. Por eso, para evitar que haya descuidos involuntarios a la hora de hacer frente a las obligaciones con el fisco, los organismos públicos encargados de cobrar los impuestos acostumbran a tener en su organigrama departamentos específicos dedicados a inspeccionar qué sociedades y particulares obvian la legislación para quedarse en sus bolsillos lo que debería ir a parar a la caja común.

Según el tipo de tributos, en Álava los ayuntamientos deben encargarse de controlar e identificar si existen empresas o particulares que no hacen sus deberes para ahorrarse unos euros. Una vez identificados, para cobrar lo que deben a las arcas públicas cierran acuerdos específicos con la agencia ejecutiva foral, que recauda las cantidades adeudadas a cambio de un 10% del dinero recuperado. Sin embargo, en el territorio histórico hay dos ayuntamientos que, en lugar de utilizar este servicio público que realiza la propia Diputación, han preferido pagar a una empresa privada para que se haga cargo de esta competencia de asistencia en la inspección y recaudación de tributos.

Este tipo de compañías realizan un trabajo totalmente legal. El problema -la dicotomía entre lo público y lo privado- surge cuando un consistorio contrata a una de estas asesorías privadas en lugar de echar mano del mismo servicio público al que podría acceder sin problemas. Esto, precisamente, es lo que sucede en Agurain y Legutiano, dos rara avis del panorama alavés. Ambos municipios, gobernados por EH Bildu, en lugar de pedir a la Diputación que se encargue de realizar la inspección de tributos a las empresas y particulares de su zona de influencia, han preferido contratar a una empresa privada para hacerlo, pagando con dinero público lo que el propio Ejecutivo foral podría realizar a cambio de cantidades mucho menores que las firmas privadas. En el caso de Agurain la empresa que se ha hecho cargo de este servicio desde hace meses es la vizcaína Gesmunpal. Lo hizo, además, a través de lo que se conoce como un procedimiento negociado sin publicidad, según confirmó a este periódico Enrique Gainzarain, teniente de alcalde de esta localidad alavesa y primero al mando estos días al estar su alcaldesa, Maider García de Vicuña, de baja por maternidad. Según el primer edil en funciones, en Salvatierra se lanzaron a acometer este proceso de externalización tras ser aconsejados por el Ayuntamiento guipuzcoano de Urretxu, también gobernado por la coalición soberanista.

El hecho es que, mientras que la agencia ejecutiva foral cobra un 10% de las cantidades recaudadas, la empresa contratada por Agurain, se lleva "hasta un 70% de las cantidades descubiertas que supongan la modificación o incorporación del contribuyente a padrones fiscales", y hasta el 35% en caso de que el dinero descubierto no suponga la incorporación del contribuyente a dicho padrón, según recoge el pliego de cláusulas que regían la contratación de este servicio. A pesar de tan amplia diferencia, este Consistorio alavés ha contratado en 2013 a esta compañía por un plazo máximo de cuatro años prorrogable a seis.

El contrato establece también la obligación de que el Ayuntamiento pague religiosamente, sin demoras y "cada tres meses", las cantidades correspondientes a los servicios realizados durante el trimestre anterior. Por su parte, en Legutiano la contratación de este servicio aún no está cerrada -en principio estaba previsto hacerlo entre esta semana y la próxima-, aunque en su caso sí ha existido un procedimiento con publicidad, es decir, con la posibilidad de que se presente cualquier empresa para hacerse con el contrato. Finalmente han sido dos las que han querido hacerse con él, una de ellas Gesmunpal, según confirmó a este periódico Jon Iñaki Leza de la Llera, alcalde de esta localidad.

Competencias Según el primer edil de Legutiano, su Consistorio ha optado por contratar a esta empresa privada porque este sistema de inspección y recaudación de tributos "es más eficiente" que el que oferta la Diputación Foral de Álava. En este sentido cabe destacar que el procedimiento foral requiere que, como está establecido en las propias competencias municipales, cada municipio tenga que realizar una labor de identificación de las empresas que no pagan religiosamente para informar después a la agencia ejecutiva foral. A cambio, la Diputación sólo se queda el 10% de lo recaudado, mientras que, según el acuerdo de Legutiano con la empresa privada, ésta se lleva "entre un 50% y un 30%" -un poco menos que en Agurain- de lo adeudado al Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, a sus ciudadanos.