vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria contará con un servicio de atención especial para recibir denuncias sobre promociones de viviendas defectuosas, ofrecer de forma gratuita el peritaje de estos casos y asesorar jurídicamente a los afectados. Esta propuesta, que en principio no veía con buenos ojos el gabinete Maroto, finalmente fue aprobada ayer en el Pleno municipal sin ningún voto en contra. El Consistorio, además, también realizará una batería de actuaciones en torno a la vivienda que incluyen un estudio del perfil de la persona que renuncia a una adjudicación de VPO o un análisis de los inmuebles vacíos de la ciudad. La moción aprobada también apuesta por gravar el IBI de estos inmuebles sin uso, pero el gabinete Maroto aclaró que no lo contempla. Al menos, por ahora.
El PNV llevó este tema ayer a la sesión plenaria, preocupado por la acumulación de polémicas en torno a promociones de VPO, como la caída de cristales en dos bloques de Salburua, la malla de Borinbizkarra, los problemas con las cooperativas y un largo etcétera. Bildu también entró al debate, proponiendo medidas para gravar las viviendas vacías, mientras el PSE pidió abrir una reflexión sobre los motivos por los que los jóvenes rechazaban las VPO de menor tamaño para buscar otras mayores. Sólo el concejal de Urbanismo, el popular Miguel Garnica, se mostró reacio a intervenir en el mercado inmobiliario y a implantar unas medidas que, según defendió, en su gran mayoría ya se aplican. Pero, al final, hubo acuerdo.
El texto se aprobó por puntos, así que no salió adelante por unanimidad pero sí con un amplio consenso. La medida más llamativa es la creación del mencionado servicio especial de vivienda. Además, el Consistorio estudiará los motivos de las renuncias a la vivienda protegida -los problemas de financiación están en el punto de mira-, y también se analizará el número de viviendas vacías de la ciudad.
En este tema, se instará al Parlamento Vasco para que defina qué es una vivienda vacía -el consumo de agua de la casa puede resultar clave- para que, ya en 2012, se pudiera gravar estos conceptos en el IBI. Bildu y PSE aprobaron este sistema, pero el gabinete Maroto aclaró que no contempla implantarla.
