Vitoria. Las escuelas infantiles y las residencias para ancianos funcionarán en caso de huelga prácticamente como si se tratara de un festivo. El comité de trabajadores y el gobierno municipal alcanzaron ayer un acuerdo en cuanto a los servicios mínimos que afectarán a los nueve días de protesta convocados entre el 12 y el 20 de marzo. Frente a las voces del gabinete que acusaban a los representantes sindicales de querer "parar la ciudad", estos respondieron aceptando unas exigencias que ven "desorbitadas". Una cesión con la que los funcionarios quieren garantizar los servicios sobre todo de aquellos sectores más sensibles, caso de niños y mayores.
Las escuelas infantiles funcionarían, en caso de sigan adelante las movilizaciones, con un coordinador que recibiría a los alumnos, una educadora por aula -estas trabajadoras operan por parejas, por lo que la plantilla estaría al 50%- desde las 9 a las 15.00 horas y otra trabajadora cada seis niños durante el horario de comedor, siempre que haya comensales. Los servicios en residencias para ancianos, por su parte, contarán con la mitad de sus trabajadores habituales, para así "garantizar" las atenciones de enfermería, limpieza, lavandería y cocina.
Desde el comité insistieron en que también trabajarán los servicios de atención social y que, en labores de mantenimiento, habrá un operario por aquellos gremios necesarios en caso de urgencia: un fontanero, un albañil, un electricista y un técnico especialista. En este último aspecto, el gobierno también ha rebajado sus exigencias.
En cualquier caso, los representantes de los trabajadores reconocieron que han relajado su posición para así alcanzar un acuerdo en materia de servicios mínimos, que a menudo genera situaciones enconadas sobre todo en materia de intervención social. El comité pretende precisamente en esta área asegurar que Vitoria estará operativa. Las mismas fuentes precisaron que "eso no quiere decir que la huelga no se vaya a notar", pero sí que no frenará la ciudad, el objetivo que según el alcalde buscaba el comité y que, también según Patxi Lazcoz, podía afectar al "buen nombre" de los trabajadores municipales.
"Que den marcha atrás" La valoración del equipo de gobierno, que separó la postura de los representantes sindicales de la del resto de funcionarios y apeló a su "responsabilidad" para frenar esta protesta de nueve días sin precedentes, obviamente no ha sentado bien en el comité. Los portavoces de los trabajadores insisten en que la pelota sigue en el tejado del equipo de gobierno, puesto que tienen la solución en su mano: "Basta con que den marcha atrás en la aplicación de las medidas contra el déficit, porque hay más fórmulas que limitar los derechos sociales de los trabajadores o despedir al personal -la única alternativa que, según Lazcoz, había a las rebajas en las compensaciones por baja-. Si ya ha habido un ahorro, eso demuestra que estas medidas no eran necesarias. No hay razones para recortar nuestro convenio".
Ambas partes tendrán una nueva oportunidad para acercar posturas mañana, cuando se producirá la primera reunión entre el gobierno municipal -el concejal de Función Pública, el socialista Joaquín Esteban- y el comité desde el anuncio de la huelga. Hasta el momento, únicamente se han celebrado dos reuniones en torno a los servicios mínimos a la que acudieron técnicos de Función Pública por parte del ejecutivo, por lo que no había posibilidad de plantear una negociación que, a priori, se presenta complicada. Ambas partes se llaman a la responsabilidad y, mientras, se acerca la jornada del sábado, la primera de una huelga que una parte ha considerado salvaje y oportunista, por la cercanía electoral, y otra previsible por tratarse de "un paso más" en unas protestas que se han sucedido desde la puesta en marcha de las medidas contra el déficit. Ahora se acerca el momento de buscar puntos en común. Si los hay.
