Suspendidos siete militares portugueses por torturar a inmigrantes

Son miembros de la Guardia Nacional Republicana y estaban acusados de malos tratos a inmigrantes asiáticos que trabajaban en zonas agrícolas del país

07.01.2022 | 22:24

La ministra de Administración Interna portuguesa, Francisca Van Dunem, ordenó la suspensión provisional de los siete militares de la Guardia Nacional Republicana (GNR) acusados por la Fiscalía de torturar y humillar a inmigrantes de la zona de Odemira (sur).

Fuentes del Ministerio de Administración Interna confirmaron hoy a EFE que la medida tiene una duración provisional de 90 días con opción a ser prorrogada y que parte de una propuesta de la Inspección General de la Administración Interna (IGAI).

La suspensión fue notificada inicialmente a cinco de los militares, ya que en los otros procesos se sufrieron retrasos, pero al final de este viernes la medida se amplió a los otros dos agentes.

Los siete agentes de la GNR -policía militarizada- están acusados de 33 delitos por humillar y torturar a inmigrantes, oriundos de países como Bangladesh, Nepal o Pakistán, que trabajaban en Odemira, una región del sur de Portugal con amplias zonas agrícolas.

Según las investigaciones divulgadas en diciembre por medios locales, los agentes de la GNR realizaban falsas operaciones de fiscalización para cometer los presuntos delitos de tortura.

La Policía Judicial portuguesa requisó los móviles de cinco de los acusados, donde encontraron vídeos e imágenes que demostrarían las torturas y el trato vejatorio.

En los vídeos se ve, entre otras situaciones, cómo una de las víctimas fue obligada a inhalar gas pimienta a través de un alcoholímetro y, mientras pedía agua, los agentes lo insultaban.

De los siete agentes acusados, todos del cuartel de Odemira, tres eran reincidentes y ya habían sido condenados en 2018 por agresiones a inmigrantes.

Cuando el caso se hizo público, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pidió rapidez a la Justicia y calificó las acusaciones de la Fiscalía contra los agentes como "violaciones inaceptables de libertades, derechos y garantías".

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