- Era una obligación jurídica y moral que el Ararteko, agentes sociales y administraciones tenían sobre la mesa desde hacía años y que queda ahora solventada. La respuesta que ofrecían los sistemas públicos -educativo, social, sanitario, policial, judicial...- ante víctimas de abuso sexual menores de edad era mejorable. No porque fuera incompleta, más bien porque no enfocaba el proceso desde una perspectiva integral. Una situación que implicaba la revictimización, no contemplaba la atención especializada o, simplemente, no garantizaba la protección del menor.

Unas circunstancias que esperan ser corregidas con el protocolo consensuado por la institución del Ararteko y las aportaciones de voces expertas en un asunto muchas veces silenciado e invisibilizado en sus distintas fases, como suscribió Manu Lezertua. Las pautas de actuación en caso de abuso y explotación de niños y adolescentes en Euskadi son claras y, lo más importante, unifican criterios con un objetivo común: la protección del menor. Y es que, como subrayó Pili Kaltzada, vicepresidenta de Save The Children, en la antesala de la presentación de este documento técnico, “son menores de edad, pero sus derechos no son menores”.

Se trata de una recomendación general para aplicar de forma coordinada entre las diferentes administraciones públicas y agentes sociales implicados y con responsabilidades; desde la detección hasta la restauración del impacto emocional padecido. En definitiva, compartir datos y orientaciones a la hora de abordar este tipo de delitos. “No se trata de sustituir lo que se hacía, si no de complementar en el tránsito y no malograr la tarea de otros agentes”, apostilló Lezertua.

Para ello será necesario mejorar la formación de docentes, sanitarios, policías, agentes sociales y judiciales. Y buscar la especialización en todos los filtros para que la intervención sea integral y eficaz. Personal de Gobierno Vasco, diputaciones forales, Eudel, Fiscalía... tomaron parte en la elaboración del documento. Una hoja de ruta que quiere paliar uno de los déficits señalados: la respuesta fragmentada e inconexa de los distintos sistemas públicos por los que atraviesa un caso de esta gravedad.

Esa ausencia de criterios compartidos e itinerarios de tránsito claros y ordenados en la respuesta a delitos de violencia sexual conlleva en la mayoría de las ocasiones la revictimización de los menores de edad. Una circunstancia habitual con el actual modus operandi: reiteración de testimonios, espacios compartidos con el presunto agresor, lentitud en la tramitación, diligencias repetitivas, dependencia...

Todo eso desaparecerá gracias a la batería de orientaciones compartidas y asumidas por las instancias públicas implicadas. Esta combinación de estrategias permitirá avanzar hacia un nuevo marco de protección. “Ninguna parte es autosuficiente. Todas aportan”, expresó Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En resumen, el Ararteko recomienda poner en marcha todas las acciones y reformas necesarias para que cada modelo de actuación y procedimental se adecúe e integre las medidas contempladas. Del mismo modo, se aconseja promover la formación y especialización desde un enfoque de Derechos Humanos, de infancia y de género. Además, se insta al sistema de Servicios Sociales a articular los servicios necesarios para garantizar el acceso al tratamiento público a todas las víctimas de abuso sexual, “independientemente de cualquier valoración respecto a la capacidad protectora de su familia”.

Un verano de 2018... El documento técnico presentado ayer es la culminación de un proceso participativo que arrancó en 2018, durante un seminario en los Cursos de Verano de la UPV/EHU. En aquel encuentro tomaron parte la totalidad de los agentes institucionales implicados y finalizó con el compromiso de la institución del Ararteko “de continuar impulsando la construcción de una respuesta ordenada e integral dirigida a la detección, intervención y tratamiento de menores víctimas de cualquier forma de abuso o explotación sexual”.