El Ararteko ha calculado que en Euskadi hay 900 jóvenes migrantes de entre 18 y 23 años sin referentes familiares, la mayoría de ellos en situación de exclusión social viviendo en las calles y sin apoyo comunitario y ha denunciado la falta de una respuesta adecuada para su integración por parte de las administraciones.
El ararteko, Manu Lezertua, ha comparecido en la comisión de Políticas Sociales y Juventud de la Cámara vasca para explicar a los parlamentarios el contenido de un estudio presentado el pasado mes de marzo sobre la situación de los jóvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi en el que se constata la vulnerabilidad de este colectivo y se recogen varias recomendaciones a las instituciones.
Ha explicado que algunos de estos jóvenes se encuentran en procesos de incorporación social pero un número "demasiado significativo" se queda fuera del sistema y sufre situaciones de exclusión social con "escasas" posibilidades de integrarse.
Aproximadamente la mitad de ellos han estado en el sistema de protección infantil en centros de menores pero cuando cumplen los 18 años se dirigen a una situación de marginación, con una ruptura de los procesos formativos y con situaciones de discriminación en el acceso a alojamientos y a otras necesidades sociales.
Uno de los principales problemas con los que se encuentran es la falta de documentación ya que sin autorización administrativa de trabajo o residencia no pueden llevar a cabo ningún proyecto, ha explicado.
A las dificultades para obtener estas autorizaciones o sus renovaciones, se añade que esta competencia es del Estado, mientras que las políticas públicas de integración son autonómicas.
Por ello el Ararteko solicita al Gobierno Vasco que haga los esfuerzos necesarios para impulsar la transferencia de la autorización administrativa de trabajo a Euskadi y que se coordine con el Estado para apoyar el proceso de documentación de estos jóvenes.
También pide el Ararteko que se garantice a estos jóvenes los ingresos económicos necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas y a los gastos de su proceso de inclusión social y laboral.
Estos jóvenes están excluidos del derecho a recibir las prestaciones económicas del sistema de garantía de ingresos ya que el reglamento establece que pueden percibirse a partir de los 23 años.
En conclusión, el Ararteko solicita a las administraciones vascas que implementen políticas para garantizar vivienda, ingresos y orientación laboral a jóvenes migrantes sin familia en Euskadi.
Plantea elaborar, en el marco de las políticas de apoyo a la juventud vasca, una estrategia integral destinada a estos jóvenes.
También propone ampliar el parque de viviendas dotacionales a disposición de ayuntamientos, diputaciones forales y entidades sociales para que ofrezcan una "respuesta habitacional digna", así como garantizar los ingresos necesarios para hacer frente a las necesidades básicas.
Además, defiende la necesidad de impulsar acciones de sensibilización, como campañas antirrumores respecto a las conductas discriminatorias, diferencias de trato y estigmatización social hacia estos jóvenes.
