- El Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras novedades, recoge la opción de establecer bonificaciones y exenciones fiscales para incentivar formas de transporte que no dañen el medio ambiente. El consejero de este área, Iñaki Arriola, dio a conocer el inicio de este proceso en su respuesta en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta formulada por su compañero de partido, el socialista, Eneko Andueza.

El articulado del borrador se basa en el proyecto de ley impulsado por el Gobierno Vasco que decayó con el final de la legislatura pasada, e incorpora novedades que incluyen derechos y obligaciones de la ciudadanía y la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. El objetivo es avanzar hacia la reducción de la huella de carbono y hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público.

Según los últimos datos sobre gases invernadero, en 2018 se emitieron 19 millones de toneladas en Euskadi, una cifra un 3,7% inferior al año anterior pero en la que el 34% correspondió al transporte. El consumo de energía en la comunidad autónoma fue en 2019 de 4.989 miles de toneladas, de las que el 43,4% estuvo destinado a este mismo sector, lo que supone un incremento del peso del transporte en el consumo final de energía del 21,4% en una década. Además, en 2019 en el País Vasco había 458,6 turismos por cada 1.000 habitantes, con un incremento del parque de vehículos del 1,1%, del que el 85,9% son turismos, camiones y furgonetas.

El borrador ofrece a las diputaciones la posibilidad de utilizar la fiscalidad y otros instrumentos de política económica para contribuir a los fines buscados. Recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades contrarias a la movilidad sostenible, como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones y, al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones y exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente. Asimismo, mantiene la apuesta por facilitar un sistema tarifario único e integrado al contemplar la interoperabilidad de los títulos existentes en un plazo de dos años para “ser plenamente interoperables en todos los modos de transporte”.

Establece que los ayuntamientos deberán promover la movilidad activa a través de su planificación urbanística, integrando criterios de movilidad peatonal y ciclista y de seguridad vial en el diseño de calles y espacios públicos.

Para favorecer la movilidad activa, se incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incorporen espacios “seguros y resguardados” para estas. Incluye además el fomento por parte de las administraciones competentes de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana conectados con el transporte público.

A partir de ahora, el borrador se someterá a las consultas, audiencias e informes preceptivos, así como a un proceso participativo antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno en el primer trimestre de 2022.