- Investigadoras de cinco universidades públicas, entre las que se encuentra la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), han analizado el impacto del covid-19 en el sistema público de Servicios Sociales en más de 60 municipios de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid, y han elaborado un informe que indica que las profesionales de estos servicios se han visto afectadas por "el estrés, la angustia y contención emocional" que han realizado con los grupos de población "más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social".

En el trabajo, financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), participan investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza. La investigación estará en funcionamiento hasta septiembre de 2021 y realizará un seguimiento detallado de cómo se están enfrentando a los retos derivados de la pandemia.

Las investigadoras han estudiado el alcance de la crisis desde que se decretó el estado de alarma hasta septiembre de 2020 y lo han plasmado en un informe recientemente publicado que pone de manifiesto cómo los centros de Servicios Sociales municipales tuvieron que reorganizar radicalmente su forma de trabajar, atendiendo a quienes demandaban ayuda por teléfono, email o WhatsApp.

Según se recoge en el estudio, la atención presencial, fundamental para desarrollar estrategias integrales de ayuda, solo se ha podido mantener en casos de extrema emergencia. Las profesionales de este sistema dicen sentirse "satisfechas" con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y la "sobrecarga de trabajo" a los que se han visto sometidas.

En esta línea, en el informe se alerta de "la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento desconocían dónde se encontraba su centro de Servicios Sociales de referencia" y cuentan cómo ha afectado a "miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida". También se señala que la demora en el cobro de los ERTE ha supuesto que en los meses de marzo y abril "no quedara nada del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España".