Madrid - Solo el 9,2% de los niños y adolescentes tutelados que salieron de los centros de menores en 2018 en España lo hicieron para volver con sus familias ya que, pese a que la reintegración familiar es la mejor opción, estas familias son "las grandes olvidadas" y reciben poca ayuda del sistema de protección.

Solo 1.774 de los 19.051 chicos que salieron de los centros de menores en 2018, último año del que hay estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, lo hicieron para regresar con sus familias, un 9,2% del total.

El 21% abandonó el centro al cumplir la mayoría de edad y un 4,2% para ser acogidos por otra familia o por algún miembro de la suya.

"Las familias de origen son muchas veces las grandes olvidadas del sistema de protección y reclamamos medidas para apoyarlas" y que puedan así superar la situación que provocó la separación y recuperar la tutela de sus hijos, explica la portavoz de Aldeas Infantiles SOS, Mónica Revilla.

"El apoyo a los niños privados del cuidado parental también implica trabajar con sus familias de origen", ha añadido, y reconoce que hay casos en los que las dinámicas de estas familias hacen muy difícil el retorno, pero también otros en los que, con los recursos necesarios, "se podría hacer mucho más" para facilitar esa reunificación.

Tanto Aldeas Infantiles como Save the Children hacen hincapié en que con quien está mejor un niño es con su familia, si bien las situaciones de desamparo (maltrato físico o psicológico, abusos sexuales y otras negligencias que los pone en riesgo) requieren la intervención de la Administración para garantizar su bienestar. "El Comité de Derechos del Niño recomienda que siempre esté con su familia a no ser que haya causas suficientes que por su interés superior recomienden que sea alejado de ella. El desamparo debe ser siempre la última opción pero, por supuesto, se debe poner en marcha cuando la integridad del menor está en riesgo", destaca la analista jurídica de Save the Children, Carmela del Moral.

Pérdida de la tutela Son las comunidades autónomas las que determinan que un menor se encuentra en desamparo, a través de una comisión de tutela de los servicios especializados de protección que es la que establece, mediante un equipo disciplinar, que un niño ha de ser tutelado porque sus padres no lo atienden como deben.

También los progenitores pueden renunciar de forma temporal a la guarda de un hijo por circunstancias graves y por un plazo máximo de dos años. Los tutelados pueden pasar a vivir en un centro de menores o bien en acogimiento familiar (ya sea con miembros de su propia familia o con otra).

En 2018, 49.985 menores estaban protegidos por el sistema, un 5,2% más que en 2017: ese año se produjeron 23.172 ingresos en centros de acogimiento y 19.545 chicos fueron cuidados por familias.

La experta de Save the Children ha insistido en que el acogimiento no es una medida de adopción, sino una protección temporal enfocada a que, una vez que se solucione la situación de riesgo, el menor pueda volver a su familia de origen, porque se entiende que es el lugar de crianza".

Del Moral ha abogado por potenciar la figura del riesgo, recogida en la Ley del Menor de 2015, gestada para "prevenir el desamparo" y que consiste en que la administración trabaje con las familias, que las apoye en cuanto a educación y crianza, antes de tener que llegar al extremo de la separación del hijo.