- La ofensiva judicial del PP continúa. En esta ocasión, los populares vascos tratan de tumbar el acuerdo que alcanzó el PNV con Pedro Sánchez para que los interventores y secretarios municipales sean designados desde Euskadi y no por el Estado. Estudian recurrirlo al Tribunal Constitucional. Este acuerdo, alcanzado en el marco de la negociación de los Presupuestos estatales para 2022, fue interpretado por la derecha española, también por C’s, como una especie de ataque el control y supervisión del Estado en la CAV y como puerta abierta a actuaciones oscuras o financiación de procesos soberanistas.

La secretaria de Política Local del PP, Raquel González, adelantó ayer que estudia recurrir al Tribunal Constitucional el traspaso de competencias sobre los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal, al considerar que es algo “gravísimo”. González, también presidenta del PP de Bizkaia, dijo que su partido presentará mociones en los ayuntamientos de las capitales vascas para pedir al Gobierno español que mantenga la “habilitación nacional” de dichos funcionarios. “Es gravísimo este absoluto control (de estos funcionarios) que pretende el PNV con el apoyo del PSOE y por la puerta de atrás”, dijo, antes de avanzar que su partido está estudiando la posibilidad de llevar el asunto al Constitucional.

Sostuvo que es una “barbaridad” que los “habilitados nacionales dejen de serlo para ser habilitados solamente vascos”, con lo cual se perderá la “independencia” de estos funcionarios, que son, según dijo, “garantes y notarios” de que toda la actividad que se realiza en los ayuntamientos “se ajusta a la legalidad”. Aventuró que el Gobierno vasco aplicará “criterios ad hoc para sus amigos de carné” y el euskera “dejara de ser un mérito, como es ahora, para ser requisito obligatorio”. Añadió que Bilbao tiene la plaza de secretario sin cubrir.

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena exigió que termine el enredo del traspaso del IMV y que llegue “íntegro” y “urgente”, para que la RGI no quede “subordinada” a esta ayuda, no sea un mero complemento de esta y no se produzca “una pérdida de competencias”. Pedirá que comparezca en el Parlamento la consejera Garamendi.