- El lehendakari replicó ayer con datos a los presidentes autonómicos que, como Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo, han cuestionado el reparto de fondos europeos con la tesis de que comunidades como Euskadi o Navarra han recibido más dinero de lo que les correspondería. Iñigo Urkullu desmintió ayer estos posicionamientos recordando que la CAV ha recibido un 3,5% del total de las partidas de la UE repartidas por el Estado hasta el momento cuando, “si fuera por criterios de parámetros ya conocidos históricamente” como la población, el PIB o el Concierto Económico; debería haber supuesto el 6,24%.

El jefe del Ejecutivo autonómico respondió de esta manera a los líderes regionales del PP que durante esta última semana han criticado que existe un favoritismo hacia ciertas comunidades en el reparto de los fondos Next Generation. Es más, el Gobierno de Ayuso ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la asignación de estas partidas.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha presentado un requerimiento, previo a la vía judicial, para que el Gobierno de Pedro Sánchez retire la propuesta de distribución de nueve millones de euros de fondos europeos para políticas activas de empleo entre cuatro autonomías (Euskadi, Navarra, Valencia y Extremadura), al entender que todas las regiones deben participar de su reparto. Este procedimiento también lo ha llevado a cabo la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo.

En contraste con estos posicionamientos, el Ejecutivo de Urkullu no ve ningún tipo de trato privilegiado hacia la CAV; es más, defiende que a Euskadi se le ha asignado una cantidad menor de lo que le correspondería atendiendo a su peso social y económico. Así lo argumentó ayer el lehendakari en un acto en Donostia junto al presidente de la región de Nueva Aquitania, Alain Rousset, en el que ambos respaldaron la puesta en marcha del primer centro educativo transfronterizo de Euskal Herria, denominado Larrun École Basco-Française, que ofrece un modelo de inmersión en euskera y francés.

En esta inauguración, Iñigo Urkullu aseguró que, pese a los ataques de otras comunidades autónomas, “el Gobierno Vasco y el lehendakari se esfuerzan en no contribuir a polémicas interesadas que alimenten la dinámica de enfrentamiento político-institucional permanente desde hace ya demasiados años a escala estatal”.

Frente a esto, Urkullu dijo estar centrado en la recuperación poscovid y aseguró que su gabinete trabaja intensamente por el desarrollo de la CAV. “Estamos comprometidos con la transformación económica y social en favor de una comunidad más cohesionada socialmente, moderna, innovadora y desarrollada, comprometida con la defensa y avance del autogobierno” vasco.

Asimismo, el lehendakari recordó que el Gobierno Vasco estuvo pendiente desde el primer momento de los métodos de distribución de las partidas millonarias pactadas por los estados de la Unión. “Es conocida desde el inicio de la tramitación nuestra preocupación por la metodología de evaluación y asignación de estos fondos”, aseguró, antes de defender que dicha evaluación de los proyectos presentados se haga siempre en base a “criterios objetivos”.

En cualquier caso, y más allá de polémicas sobre la asignación del dinero de la UE, Iñigo Urkullu insistió en que su Ejecutivo seguirá “impulsando la transformación tecnológico-digital y ecológico-medioambiental de la economía vasca, garantizando la cohesión y bienestar en la transformación social”.

También se pronunció sobre la estrategia de algunas comunidades del PP de acudir a los tribunales el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que lidera Idoia Mendia. Según esta Consejería, los populares utilizan los tribunales “como excusa para cuestiones que tienen que ver con meras estrategias de partido y no de país”.

En un comunicado, el Departamento de Mendia calificó de “absolutamente inaceptable que se cuestione la finalidad y la transparencia” del uso de unos fondos sobre los que ya se ha debatido y dado cuenta en la Cámara de Gasteiz.

Añade el texto que, en este caso concreto, “todos los responsables políticos están sometidos a un control añadido sobre el empleo de esos recursos a cargo de las autoridades de la UE”, de las que se pregunta el Gobierno Vasco si “también dudan quienes han acudido a los tribunales y realizan declaraciones acusatorias”.

Tras advertir de que no se puede admitir “ni media sombra de sospecha sobre unos recursos” en favor del fomento del empleo juvenil, el Ejecutivo vasco insiste en que es una “temeridad pretender paralizar la formación y contratación de jóvenes en situación de desempleo por intereses meramente partidistas”.

El presidente del PP, Pablo Casado, auguró ayer “éxito” a la ofensiva judicial que han abierto autonomías y ayuntamientos de su partido por el reparto de fondos europeos que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez y, a este respecto, advirtió de que su formación está dispuesto a llevar esa misma ofensiva a la Unión Europea si no hay “transparencia” en el reparto, ya que a su juicio todo puede acabar en “corrupción”.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se sumó a las voces discrepantes con la asignación de las partidas de la UE. Así, reclamó a Moncloa una “justificación razonable” que explique el reparto de nueve millones de euros para empleo juvenil a Euskadi, Navarra, Extremadura y Valencia, a través de un real decreto en el que ve “discriminación” hacia el resto de comunidades.