Mendia defiende la reforma laboral pero admite que pidió citar los convenios vascos

Sondeó a Yolanda Díaz en 2020 para que incorporase el acuerdo interprofesional vasco de 2017, pero cree que la ley no lo ANULA y PIDE al PNV que “esté a la altura”

05.01.2022 | 00:52
La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, presentó ayer los datos del desempleo. Foto: Efe

Vitoria – Idoia Mendia salió ayer en defensa de la reforma laboral que ha pactado el Gobierno español con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, y trató de atraer a sus socios del PNV con el argumento de que no impide que se firmen convenios a nivel vasco. Sin embargo, la propia vicelehendakari segunda admitió haber sondeado a la vicepresidenta española Yolanda Díaz para que llevara ese asunto a la mesa de diálogo con los agentes sociales y pudiera incorporar alguna aclaración en la ley. En concreto, según explicaron fuentes de su departamento a este periódico, lo hizo en la reunión que mantuvo con la ministra de Unidas Podemos en octubre de 2020. Le planteó que tuviera en consideración el acuerdo interprofesional vasco que alcanzaron en 2017 la patronal Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, que garantiza la prioridad de los convenios autonómicos sobre cualquier otro estatal o sectorial. Mendia añadió ayer en la rueda de prensa para presentar los datos del empleo que algunos expertos creen que sería conveniente introducir alguna pequeña mejora en la redacción.

No obstante, Mendia se alineó con la intención del Gobierno español de Pedro Sánchez de "preservar" el acuerdo que se ha alcanzado con los sindicatos y la patronal, y pidió a todos los partidos que estén "a la altura de las circunstancias", en un mensaje dirigido al PNV, que no votará a favor sin la prevalencia de los convenios vascos. ¿Qué ha sucedido para que Mendia pida al PNV que apoye este texto si ella misma trasladó la demanda sobre el acuerdo de 2017 a Yolanda Díaz?

Mendia reconoció que los agentes sociales no han incorporado este punto a su acuerdo sobre la reforma laboral porque tenían otras prioridades, pero dijo que el texto pactado "no impide" que se firmen acuerdos autonómicos. Cree que no se anula lo que ya existía. En concreto, desde su departamento sostienen su argumento en que el Estatuto de los Trabajadores mantiene en pie su artículo 83, que alude a la capacidad de los agentes sociales para determinar la estructura de la negociación y las reglas en caso de concurrencia de varios convenios.

Mendia, en cualquier caso, trató de situar el debate en otro punto que no es el choque entre convenios estatales y autonómicos. Dijo que, en realidad, el acuerdo de 2017 trata de salvaguardar los acuerdos autonómicos y sectoriales en una comunidad marcada por la existencia de muchas microempresas. De hecho, dijo que Euskadi no tiene acuerdos autonómicos, sino territoriales, en referencia a la estrategia sindical de ELA de negociar acuerdos empresa por empresa.

Si la prevalencia de los convenios vascos está tan clara, no se explica por qué Mendia sondeó a Yolanda Díaz sobre la posibilidad de realizar una aclaración, ni por qué la patronal estatal CEOE se resiste tanto a que aparezca en el texto de la reforma laboral. Estas resistencias generan inquietud en otros sectores, porque parecen anticipar que, en cualquier momento, la patronal se puede desvincular del acuerdo de 2017 si no aparece en la ley. Da pábulo a la inseguridad. En algunos ámbitos especulan con que la CEOE no se opone a este acuerdo, pero trata de preservar su cohesión interna para avalar una reforma que no ha sido sencilla para ella y con la que, además, está chocando con el PP.

cambios posteriores PNV y Bildu exigen que prevalezcan los convenios vascos (la coalición abertzale plantea más demandas relacionadas con la indemnización por despido y otros cambios encaminados hacia la derogación de la reforma de Rajoy de 2012). ERC se sumó ayer a la presión sobre los convenios, lo que refuerza la reivindicación. Pero desde el socialismo creen que, si acaso, lo que podría plantearse es una aclaración, y no un blindaje como tal, porque la legislación garantiza esta prevalencia con su redacción actual. El Gobierno español ha dado muestras sobradas de que, en la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, no incluirá ningún cambio que pueda poner en riesgo el acuerdo con los agentes sociales. En determinados círculos se dice extraoficialmente, no obstante, que no sería descabellado que se incorporase alguna matización, no tanto un blindaje, quizás también a través del Estatuto de los Trabajadores. CCOO deslizó en Radio Euskadi que, aunque no ve un problema de estatalización de la negociación colectiva, se puede incorporar alguna aclaración en la legislación laboral.

La prioridad ahora para Sánchez es que el decreto se convalide en el Congreso. Tiene de plazo hasta el 7 de febrero. La ministra de Hacienda deslizó la posibilidad de ceder y tramitarlo como proyecto de ley para sumar aportaciones, siempre y cuando no afectaran al núcleo de lo pactado. Pero el ministro Bolaños pareció corregirla ayer. Lo que prioriza el Gobierno español es que este decreto vea la luz sin cambios el día de la votación y, más adelante, ya se verá lo que da de sí el debate. Sin embargo, para superar la votación del decreto, tendrá que tener amarrado antes algún compromiso con los grupos.

Mendia trajo a colación ejemplos vascos de tramitaciones por lectura única sin enmiendas, como sucedió con la Ley de Aportaciones, o en el Congreso con la modificación de la Ley del Concierto Económico.

Polémicas

Falcon

moncloa no informa. El Gobierno español ha rechazado dar explicaciones al PP sobre los viajes en Falcon que realizó durante todo el año 2021 el presidente, Pedro Sánchez, con el argumento de que es "materia especialmente sensible", amparándose para ello en la Ley de Secretos Oficiales. Varios diputados del PP habían registrado una batería de preguntas pidiendo que detallara los trayectos de Sánchez a bordo del Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española y de los medios aéreos pertenecientes al Ejército, lo que incluía especificar las razones del desplazamiento. En concreto, preguntaban por las razones para desplazarse a Málaga el 7 de noviembre y a Alicante una semana después, porque las visitas institucionales que realizó, de menor entidad, coincidían con congresos autonómicos del PSOE. En su respuesta, según Europa Press, el Gobierno español informa de que es "materia especialmente sensible, por razones de seguridad". Se ampara en la Ley de Secretos: "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección".

Congreso

habilitar. El PP pidió ayer activar la diputación permanente en enero para que comparezcan las ministras Calviño, Darias y Ribera.

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