- La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de echarse atrás y retirar la anunciada propuesta de inversión de 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de El Prat puede acarrearle daños colaterales en dos ámbitos en concreto: la mesa de diálogo con Catalunya que a priori debería reunirse el próximo jueves o viernes y los Presupuestos Generales del Estado, que el ministro Félix Bolaños empezará a negociar en los próximos días con los grupos parlamentarios.

En el seno del Govern, los socios de ERC y Junts discrepan en cómo puede afectar la marcha atrás de Moncloa -los republicanos no creen que entierre las conversaciones-, pero coinciden en señalar que sí complica sobremanera la negociación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, para la que JxCat reclama una posición conjunta del independentismo.

Respecto al diálogo para el conflicto político catalán, para ERC sigue vigente y el embrollo de El Prat cambia poco de cara a la convocatoria de la mesa prevista salvo sorpresas para finales de la semana que viene. Así lo expresó ayer el propio president Pere Aragonès, que aseguró que su Ejecutivo irá “con más fuerza que nunca” a una cumbre a la que todavía se desconoce si acudirá Pedro Sánchez.

En una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, Aragonès recordó que en la reunión de la mesa de diálogo “no se discutirán infraestructuras”, ya que para eso existen las comisiones bilaterales. “Hay gente que quiere que la mesa de negociación fracase. Por mí no será”, apuntó el president, que “no renunciará” a reclamar la autodeterminación y la amnistía.

Sin embargo, en sus socios de Junts no lo tienen tan claro y creen que el movimiento del Gobierno español sobre la ampliación de El Prat perjudica sobremanera al diálogo entre el Estado y Catalunya. Así lo expresó la portavoz posconvergente en el Congreso, Miriam Nogueras, que aconsejó a Esquerra soltar el “dedito” del PSOE y dejar de “regalar” estabilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En esa misma línea, Nogueras recordó que no ha defendido “jamás” ese foro de diálogo sobre Catalunya, porque no creen que el Gobierno de coalición vaya a resolver “en una mesa con focos” lo que a su juicio no se ha podido “solucionar” en una década. “Criticaba todo el mundo a Mariano Rajoy por mirar hacia otro lado y, de momento, este Gobierno está haciendo lo mismo: escurrir el bulto y no afrontar un conflicto político de una magnitud brutal”, argumentó en una entrevista a Europa Press.

Otra voz de Junts que ayer se refirió al nuevo enfrentamiento con el Estado fue la de Jordi Sànchez, que vinculó la cancelación de la ampliación del aeropuerto con la inminente negociación de los Presupuestos españoles. A su entender, es necesaria una estrategia unitaria del independentismo a la hora de conversar con Moncloa y fijar una postura sobre las Cuentas. “Hemos solicitado una reunión con el president Aragonès para ver cómo podemos abordar de manera coordinada la acción política de las formaciones independentistas”, anunció Sànchez.

Voluntad de negociar. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reprochó ayer a JxCat que esté cuestionando la mesa de diálogo cuando ni siquiera se ha reunido y ha ratificado la voluntad del Gobierno español de dialogar en ese foro para buscar posibilidades de entendimiento. Así, Bolaños garantizó que la voluntad de su Ejecutivo es sincera y expresó que le llama la atención que una parte del Govern no dé una oportunidad a ese diálogo.

Consentimiento de los afectados. El Gobierno español rechaza “hacer públicos” o “dar acceso a los expedientes” completos de los indultos a los líderes del procés sin el “consentimiento expreso” de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español. Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.