- El lehendakari sigue pensando que es pertinente recuperar el debate sobre el nuevo estatus de autogobierno. Después de que el PNV haya planteado la opción de retomar las reflexiones en el Parlamento Vasco en otoño, Iñigo Urkullu se ha pronunciado ya en dos ocasiones para dar la bienvenida a esa discusión. Y tampoco ha sorprendido a nadie al apostar por una vía legal y que encaja en los cauces que establece el ordenamiento jurídico. Es más, Urkullu ha puesto sobre la mesa toda la artillería legal que avala la posibilidad de que Euskadi amplíe su autogobierno, y se ha referido a esa actualización casi como una obligación contemplada en la Constitución española. En el marco de la comisión de Derecho Civil Vasco celebrada ayer, puso en valor el régimen foral porque “esta es la base de la vía vasca para actualizar, reforzar y profundizar en el autogobierno”.
Urkullu recordó que ya el pasado viernes esgrimió en el Parlamento Vasco la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika, que dice que “el pueblo vasco no renuncia a los derechos que le puedan corresponder en virtud de su historia”, y ayer añadió la Disposición Adicional Primera de la Constitución española, que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” y dice que “la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”, tal y como citó Urkullu. “Esta es la base de la vía vasca, el marco para la actualización del autogobierno que debemos emprender en un momento de cambio y transformación”, zanjó. Es una vía específica de Euskadi que el PNV defiende para actualizar el autogobierno sin necesidad de una reforma constitucional previa. Ayer mismo, el presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, también dijo que los derechos históricos son la percha para que Euskadi actualice su autogobierno, como se refleja en las propuestas del PNV para el articulado.
El lehendakari aseguró que, por una parte, se debe cumplir el autogobierno ya reconocido, y en ese contexto defendió la negociación de las transferencias como primer quehacer y ocupación. Pero añadió que, junto a esa tarea, se debe emprender una actualización del autogobierno desde el Parlamento. Abogó por un acuerdo lo más amplio posible. En una intervención de tono jurídico donde puso en relieve el Derecho Civil y el régimen foral, concluyó: “Hablamos del origen mismo de todo el régimen foral que la Constitución ordena actualizar, y que el Estatuto nos encomienda conservar, modificar y desarrollar. Esta es la base de la vía vasca que nos corresponde transitar para actualizar, reforzar y profundizar en el autogobierno vasco”. Vio el autogobierno como “sinónimo de estabilidad, convivencia y bienestar”.
En un mensaje más dirigido al motivo específico del encuentro, dijo que el Derecho Civil Vasco “forma parte de los derechos históricos y del régimen foral, y debe ser actualizado”. Ensalzó el proyecto de ley de Casación Civil del Gobierno Vasco.
En un acto con una treintena de juristas, la comisión recuperó el ritmo tras el paréntesis del coronavirus y aprobó su balance 2015-2018. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, dijo que “el derecho civil vasco es parte troncal de los derechos históricos y del régimen foral, que con otros elementos nos convierten en un pueblo singular, ni mejor ni peor que otros, sino diferente”.
Ortuzar vio “mimbres en la disposición adicional de la Constitución que reconoce los derechos históricos”, que también se menciona en el Estatuto, y supone que aceptar ese marco no implica “renuncia”. “Si hay voluntad política, hay una percha más que suficiente para colgar ese nuevo traje”, recalcó. Apostó por decidir cómo quiere autogobernarse Euskadi en los próximos 20 o 30 años, y añadió que, aunque la aspiración máxima de un nacionalista es la independencia, “no podemos desconocer” las relaciones mundiales de interdependencia y que parte de la sociedad vasca no se siente independentista. “Hay que buscar un mínimo común denominador”, defendió en RNE.
Prisiones. El Consejo de Ministros aprobó ayer los decretos que formalizan el traspaso a la comunidad autónoma vasca de las competencias de Instituciones Penitenciarias, una cuestión que será efectiva el próximo 1 de octubre; transportes terrestres por carretera, asignación del código bibliográfico ISSN y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa. Los dos últimos entrarán en vigor de inmediato. Lo anunció la portavoz María Jesús Montero, quien aclaró que la legislación y la normativa penitenciaria “seguirá siendo competencia estatal común en toda España”. El traspaso incluye los 684 puestos de trabajo vinculados a las prisiones y agradeció la “facilidad” mostrada por los funcionarios.
“La Constitución ordena actualizar el régimen foral y el Estatuto encomienda modificarlo y desarrollarlo”
“Es la vía vasca que nos corresponde transitar para profundizar en el autogobierno”
Lehendakari
