- La Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para el exconseller de Interior Miquel Buch por fichar de asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera ejerciendo como escolta del expresident Carles Puigdemont una vez en Bélgica. En su escrito de calificación, presentado ante el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, el teniente fiscal Pedro Ariche acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Buch y al agente de la Policía catalana que hizo de escolta, Lluís Escolà, para quien pide cuatro años y medio de cárcel como cooperador necesario.

La Fiscalía cree que el agente, que fue uno de los que organizó el “dispositivo clandestino” para que Puigdemont se marchara del Estado español la noche del 29 de octubre de 2017, fue contratado como asesor de Buch en materia de sistemas de seguridad en un “acto de mera arbitrariedad” con el único propósito de procurar un servicio de escolta al exjefe del Govern, “con cargo a fondos públicos”.

El sueldo que Escolà percibió como asesor del exconseller entre julio de 2018 y marzo de 2019 asciende a 52.721 euros, cantidad que la Fiscalía reclama que ambos encausados devuelvan al erario público por su “torticera conducta”, por lo que pide que de momento se les fije una fianza de 70.283 euros.

Junts cree que se trata de un nuevo episodio de judicialización del conflicto. El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, pedirá al actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que “restablezca” “de manera inmediata” la escolta a Puigdemont, algo a lo que “todos los expresidentes de la Generalitat tienen derecho”.

Sànchez señaló ayer que en JxCat son conscientes de las “dificultades” que comporta tener la consellería de Interior, por lo que la petición a Elena no es “para ponerle una presión desde la comodidad de quienes no gestionan Interior”: “Somos y seremos absolutamente leales con Elena y todo el Govern”, dijo, reclamando a la Fiscalía que “deje de pisar el acelerador” y “sin efecto” las peticiones de prisión para Buch y Lluís Escolà, que ve como “una prueba más de que la represión no se para” y una evidencia de que el Estado no tiene “voluntad” de encarar una solución “efectiva” al problema.