- El expresident Josep Tarradellas patentó aquello de que “en política se puede hacer de todo menos el ridículo”. Y más si se parece al realizado por Ciudadanos en Murcia después de haber implosionado durante la semana la política de alianzas en el Estado, con epicentro en la Comunidad de Madrid. En una operación pilotada desde Génova por Teodoro García Egea, el PP llegó ayer a un acuerdo con tres diputados naranjas tránsfugas para hacer que fracase la anunciada moción de censura que, tras un consenso entre el partido de Inés Arrimadas y el PSOE, iba a desalojar del poder a Fernando López Miras. Una operación que recuerda al famoso Tamayazo de 2003 en Madrid que otorgó el mando a Esperanza Aguirre gracias al respaldo de dos representantes socialistas.

A cambio de dejar las cosas como se encontraban, el presidente murciano incluirá como consejeros en su Ejecutivo al trío de dirigentes de C’s, o lo que es igual, el 50% de este grupo parlamentario: Isabel Franco continuará como vicepresidenta y llevará la cartera de Mujer; Valle Miguélez se responsabilizará de Empresa, Industria y portavocía; y Francisco Álvarez dirigirá Empleo. Un escenario que ha disparado las acusaciones de corrupción contra el PP y que puede suponer el broche a la caída a los infiernos de Ciudadanos, donde los críticos han forzado a Arrimadas a reunir a la Ejecutiva este próximo lunes.

El papel que avalaba el pacto en Murcia entre PSOE y C’s fue, según Franco, firmado “por disciplina de partido”, pero no era una decisión compartida. “A mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos por las ambiciones personales de algunos”, justificó en una comparecencia junto a López Miras. Lo cierto es que entre Arrimadas y ella existía ya “un problema humano”, según reconocían en el partido, después de haber relegado a Franco a un segundo plano para que otra dirigente de la marca naranja, Ana Martínez Vidal, asumiera la presidencia del Gobierno murciano tras la moción. Ciudadanos seguirá adelante con la iniciativa y abre expediente a los tránsfugas. Martínez Vidal lamentó que “para algunos diputados la dignidad tiene un precio: 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa”. Lo cierto es que el PP demostró moverse como pez en el agua en una crisis así con la implicación de la dirección de Pablo Casado, con Egea al frente, y la participación del vicesecretario Territorial Antonio González Terol. Por contra, en C’s se masca la tragedia: la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, puso el grito en el cielo, así como el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, o el líder en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó. “No hay palabras, es una chapuza”, resumieron. Como volvió a suceder tras la hecatombe en Catalunya, se señala al equipo de confianza de Arrimadas: Carlos Cuadrado y José María Espejo.

En el PSOE el enfado es también mayúsculo, y describen lo sucedido como corrupción. “Lo que estamos viviendo no es hacer política, es corromper la política. Esto es la corrupción sistémica del Partido Popular”, criticó su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra. De rebote, es una mancha en su estrategia, y más con las dificultades que se le avecinan en las previsibles elecciones en Madrid. Tal es la sensación que se atreven a pedir a Arrimadas que haga pagar al PP con la misma moneda. El portavoz de los socialistas en el Senado, Ander Gil, lanzó la oferta a la líder de C’s: “Si ayer nos sobraban los motivos, hoy no hay excusa para no desalojar al PP del Gobierno de Castilla y León”. “¡Vuelven a hacerlo! El PP de Murcia está perpetrando un Tamayazo en vivo y en directo. Un gobierno atravesado por la corrupción se revuelve con una práctica mafiosa: la compra de voluntades y el transfuguismo. Este es el PP de Casado”, denunció el PSOE en su cuenta oficial de Twitter. De inmediato, replicó Génova: “No son tránsfugas ni es Tamayazo. Ya estaban dentro del Gobierno”.

En este contexto, la mirada se dirige ahora a Madrid. La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el recurso contra el adelanto electoral y el decreto de disolución de la Cámara anunciado por Isabel Díaz Ayuso tras cursarse dos mociones de censura contra ella, resolución judicial que se conocerá previsiblemente entre el lunes o el martes. Entre tanto, Ángel Gabilondo volverá a ser el candidato de los socialistas si hay comicios, una figura bien valorada en la anterior cita con las urnas, donde venció sin una mayoría suficiente, pero que en los últimos tiempos ha estado cuestionada por su poco combativa oposición a Ayuso cuando motivos y episodios no le han faltado para hacerlo pese a su actitud proclive a huir de la gresca. “Tengo convicción, motivación y compromiso”, aseveró el líder de la oposición, cuya candidatura acaba con los rumores de posibles alternativas de relumbrón como la de la ministra Margarita Robles.

La izquierda lidia con un horizonte gris, con un PSOE-M que no cuenta con una especie de efecto Illa, con Podemos instaurado en la sombra, y Más Madrid sin un referente como Iñigo Errejón y partido en dos en el Ayuntamiento de la capital por las tensas relaciones entre la actual dirección del grupo municipal que lidera Rita Maestre y cuatro ediles próximos a Manuela Carmena. Paralelamente, el líder de Vox, Santiago Abascal, ya ha manifestado “sin ninguna duda” la disposición de su partido a negociar con Díaz Ayuso en caso de ser necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Este vodevil por actos que sacude a la política española no hace sino provocar un desasosiego mayor en la ciudadanía respecto a las prácticas y tejemanejes de esta esfera, y probablemente se cobre la primera pieza de los partidos emergentes, Ciudadanos, donde se evidencia la complejidad de asentar una marca cuando no hay estructura, unidad interna, financiación y aliados mediáticos. La prueba, el Tamayazo a la murciana.

“Yo firmé la moción por disciplina de partido, pero no voy a entregar el Gobierno a Sánchez”

Vicepresidenta de Murcia

“Esto no es hacer política sino corromperla. Es la corrupción sistémica del Partido Popular”

Portavoz del PSOE en el Congreso