- El Gobierno español está evidenciando cómo, desde que inició su andadura hace un año, sectores de la Justicia tratan de hacer frente a sus proyectos de ley o propósitos de reforma, comprometiendo así la estabilidad política en el Estado. Este bloqueo judicial se ha evidenciado mayormente en el interminable embrollo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un Carlos Lesmes en rebeldía realizando nombramientos a pesar de llevar dos años en funciones, pero también en otros capítulos como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o las querellas contra el Ejecutivo por el covid-19 que algunos fiscales conservadores trataron de hacer prosperar en el Tribunal Supremo.

Es precisamente en este tribunal donde puede abrirse un nuevo frente en la batalla que libran el gabinete de Pedro Sánchez y los juristas conservadores. El motivo, los posibles indultos a los soberanistas catalanes condenados por el procés. Así, mientras en el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos se muestran ya abiertamente a favor de conceder la medida de gracia a los independentistas presos, en el Alto Tribunal las posiciones son totalmente opuestas como ya se evidenció hace una semana, cuando la Fiscalía del Supremo cargó en su informe con dureza contra la posibilidad de los indultos e insinuó además que están condicionados por “acuerdos políticos” ajenos a la Justicia.

Ayer, la vicepresidenta primera Carmen Calvo salió al paso de la postura de los fiscales y cuestionó abiertamente la validez de su informe de la semana pasada, asegurando que incluso contradice a la sentencia de la Sala Segunda del tribunal que condenó a los políticos soberanistas. Todo ello, después de que el pasado domingo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, abogara también por conceder la medida de gracia aún en contra del criterio de la Justicia.

Por su parte, Calvo argumentó en una intervención en TVE que los fiscales del Supremo “abundan en la posición contraria de la propia Sala Segunda” al hablar en su informe de actitudes de los condenados que rayarían la rebelión, un delito que el tribunal presidido por Manuel Marchena “no identificó” al apreciar únicamente sedición. Es esta misma Sala quien, una vez recibido el documento de la Fiscalía, debe ahora elaborar sus propias conclusiones sobre la posibilidad de los indultos.

En cualquier caso, es el Gobierno español quien tiene la última palabra y así lo recordó ayer la vicepresidenta primera, que explicó que la decisión final la tomará el Consejo de Ministros. “Puede hacerlo en función de lo que emiten los informes o al contrario de los informes”, añadió, dejando entrever que al Ejecutivo no le temblará el pulso si tiene que hacer caso omiso a las recomendaciones del Supremo.

En esa línea, en Moncloa argumentan que la petición de indulto es un derecho que tienen tanto los doce condenados por el procés, como “todos los hombres y mujeres de este país si están cumpliendo” una pena. “Este es un derecho que está regulado y a cada uno le corresponde su parte. Al Ministerio Fiscal, emitir su informe, a la Sala también, y al Consejo de Ministros, tomar la decisión”, insistió Carmen Calvo.

La vicepresidenta dijo asimismo que entra “dentro de la normalidad procedimental” que el Ejecutivo español tome sus propias decisiones en medidas como los indultos, independientemente del criterio que adopten los órganos judiciales, y lo mismo ocurrirá en el caso del procés. “Es un contenido diferente por cuanto estos condenados lo han sido por hechos que influyen en la política, pero no dejan de ser indultos que se van a tramitar en los mismos términos”, concluyó Calvo.

También volvió a hacer referencia a los indultos el ministro Ábalos, que defendió la medida de gracia como una posibilidad para aportar “soluciones” y reducir “conflictos”. Además, cargó contra un PP que a su juicio opta siempre por la confrontación: “Parece que todo lo bueno les viene muy mal y todo lo malo les viene muy bien”.

“A la derecha todo lo bueno le viene muy mal y todo lo malo le viene muy bien”

Ministro de Transportes

“El Gobierno puede decidir en función de lo que diga el Supremo o al contrario de su informe”

Vicepresidenta primera del Gobierno