- Como viene siendo habitual, la Mesa del Congreso de los Diputados vetó ayer todas las iniciativas relativas a iniciar una investigación parlamentarias sobre los negocios opacos del rey Juan Carlos I. Así, el órgano de la Cámara Baja rechazó por quinta vez las peticiones al respecto, que en esta ocasión habían sido presentadas por Unidas Podemos y por los grupos independentistas. Lo hizo con los votos del PSOE, del PP y de Vox, que volvieron a evidenciar la pinza para mantener el blindaje a la monarquía.

Las tres formaciones se escudan en el criterio marcado por los letrados del Congreso, que insisten en que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional imposibilitan que esta Cámara investigue al anterior jefe de Estado por sus presuntas irregularidades. Más allá, lo que volvió a escenificarse fue la profunda discrepancia existente entre los socios del Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos, en todo lo que concierne a los escándalos de la Casa Real.

En concreto, la Mesa analizó ayer dos peticiones sobre el monarca emérito: una presentada por Unidas Podemos para investigar el uso de tarjetas opacas por miembros de la familia real y otra suscrita por ERC, Junts, EH Bildu, CUP, BNG, Más País y Compromís, relativa a la trama de “ilegalidades e irregularidades” cometidas por la institución real, y que preguntaba también por la posible relación del actual jefe de Estado, Felipe VI, con los fondos millonarios cobrados por su padre. Las dos propuestas parlamentarias fueron rechazadas, alegando un informe de los letrados que advertía que “la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional” impide tramitar una iniciativa de estas características.

Este nuevo rechazo, sumado a los cuatro anteriores en la misma Cámara, motivó el enfado del grupo confederal de Unidas Podemos con sus socios socialistas, que no dudaron en unirse a la derecha y a la extrema derecha para echar atrás la propuesta de los morados. En el sector del PSOE en el Gobierno lo justifican por la importancia de la monarquía en la estructura de Estado española.

En esa línea se pronunció el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que solicita “prudencia y tranquilidad” en torno al debate sobre la monarquía parlamentaria, explicando que eso supone jugar con “la idea de nuestro modelo de Estado, que es un arco de bóveda del que podemos quitar una pieza y que se derrumbe todo”. De esta forma, advirtió de que cargar contra la Casa Real pone en riesgo la estabilidad institucional y defendió que debe diferenciarse la “conducta de personas” con lo que es la Constitución y la monarquía parlamentaria.

Por su parte, Unidas Podemos mostró su “estupefacción” ante la decisión de la Mesa del Congreso y mostró su enfado con su socio de Gobierno. De esta forma, los morados acusaron al PSOE de ser del “club de guardaespaldas” del monarca emérito y de la Casa Real.

Así lo manifestó el presidente del grupo parlamentario morado Jaume Asens, que dijo además que los socialistas hacen “un flaco favor a los valores de transparencia que deberían ser innegociables para cualquier demócrata”. También se unió a las críticas el miembro de Podemos en la Mesa Gerardo Pisarello, que considera la decisión de “una arbitrariedad escandalosa” y denuncia que en esta ocasión “no ha habido ningún argumento jurídico”.

“La decisión de la Mesa es de una arbitrariedad escandalosa y no tiene argumentos jurídicos”

Diputado de Unidas Podemos