- Prácticamente todas las piezas encajan ya en el programa para un gobierno de coalición que negocian PNV y PSE. A unas horas de que hagan oficial su acuerdo si nada se tuerce en el último momento, ambos partidos están dando los toques finales para redactar la principal discrepancia que quedaba: el nuevo estatus de autogobierno. Según fuentes conocedoras de la negociación consultadas, la fórmula escogida será similar a la utilizada en 2016. Cada partido tendrá libertad para defender su propuesta, sin que ello afecte a la unidad o estabilidad del gobierno de coalición, que quedará blindado frente a las discrepancias que surjan en este debate. El espíritu que subyace en esta formulación es que el debate es "netamente parlamentario", y no hay que "vincular" al gobierno con las posiciones de los partidos. El estatus quedará como discrepancia pactada, a modo de isla dentro de un programa donde la acción de gobierno quedará amarrada en torno a la prioridad de reducir el paro y dar la batalla al coronavirus.

La búsqueda de un nuevo estatus de autogobierno se saldó en la anterior legislatura con un texto acordado parcialmente por los juristas designados por el PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, aunque se mantuvo la discrepancia sobre el derecho a decidir. El experto nombrado por los socialistas, Alberto López Basaguren, no comparte el derecho a decidir aunque se apueste por pactarlo con el Estado, pero concede a los jeltzales que su formulación puede ser compatible con la doctrina del Tribunal Constitucional porque refleja una aspiración política. El siguiente paso debería consistir en que los grupos parlamentarios recojan el testigo y registren una proposición de ley basada en esos textos, para tramitarla y enmendarla. El PSE se negó entonces a poner su firma en un documento que citara el derecho a decidir.

En el acuerdo de gobierno de 2016, PNV y PSE se dieron libertad de voto para defender cada uno sus posiciones, y ahora se está redactando una fórmula similar a la luz de las discrepancias que se mantienen. La virtud que tiene para los firmantes es que la fórmula deja la puerta abierta a que sean los partidos, en el debate parlamentario, los que hagan un esfuerzo de aproximación en los próximos años y no se vetan expresamente conceptos como el derecho a decidir que pide el PNV o la reforma constitucional que ha defendido el PSE. Todo ello se hace sin que las diferencias afecten al Gobierno en un ciclo especialmente complicado por la pandemia del coronavirus y la crisis de empleo.

Además, esta vez el Gobierno Vasco de PNV y PSE va a tener mayoría absoluta, y blindarse ante las discrepancias que puedan surgir en el estatus les permite no torpedear el barco desde dentro ahora que iban a encontrarse en la situación ideal en términos de estabilidad parlamentaria. En cualquier caso, PNV y PSE parecen condenados a entenderse porque la dinámica de colaboración entre jeltzales e izquierda abertzale sobre el estatus está rota desde que EH Bildu apostó por registrar su propio texto. Hace cuatro años, PNV y PSE se comprometieron con un proceso de reforma que siguiera los cauces legales, y se reconocieron "mutuamente libertad para defender" sus respectivos postulados. Añadieron un largo listado de conceptos que deberían discutirse, entre los que se citaba el derecho a decidir y su ejercicio pactado, y se mencionaba la reforma constitucional que pide el PSE. El pacto contemplaba una comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento del programa acordado en su totalidad.

PNV y PSE esperan alcanzar un acuerdo a mediados de esta semana, entre mañana y el jueves. Se hará público el contenido, pero el acto de la firma debería esperar a que las bases de los partidos ratifiquen lo pactado. Tal y como adelantó este periódico, el PNV ha convocado una Asamblea Nacional para el lunes 31, y el PSE tiene previsto consultar a su militancia en torno a esos días. La clarificación de posiciones sobre el estatus deja como único flanco abierto el reparto de carteras, la entrada de la líder socialista Idoia Mendia, y su eventual papel como vicelehendakari. En tal caso, sería probable que la acompañara una vicelehendakaritza jeltzale para que Tapia, encargada de la desescalada, o Erkoreka, el portavoz, no pierdan rango.

La investidura está prevista para el 3 de septiembre y Urkullu resultaría elegido en primera votación con mayoría absoluta (31 escaños del PNV y 10 del PSE). Fuentes del protocolo parlamentario explican que no habrá problemas con el pleno en Gasteiz por el virus, en la medida en que las mamparas que separan los escaños resuelven esa papeleta. La única restricción en el aforo opera para los invitados, no para los parlamentarios. Sobre la jura del día 5 en la Casa de Juntas en Gernika, se espera que la sangre no llegue al río y no haya que decretar un confinamiento. El simbolismo de la jura y el Árbol es tan potente que nadie quiere barajar un cambio de ubicación. Se espera que la situación se estabilice, y las actuaciones se centren en el aforo, en lo que trabaja desde hace días.